México acaba de enviar uno de los mensajes más peligrosos de las últimas décadas en materia educativa: la escuela puede esperar. El anuncio de la CONAEDU y la SEP para concluir anticipadamente el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, bajo el argumento del Mundial de Futbol y las altas temperaturas en gran parte del país, no es una simple adecuación administrativa. Es una declaración política y cultural. Una señal de que los aprendizajes pueden subordinarse al espectáculo, a la coyuntura y a la comodidad gubernamental. Entramos, oficialmente, en la era de la ignorancia administrada.

La medida llega en el peor momento posible. Durante los últimos diez años, México ha mostrado un estancamiento persistente en indicadores educativos clave. El acceso a la escuela mejoró parcialmente en cobertura básica, pero los aprendizajes reales se desplomaron. La última evaluación de PISA confirmó lo que organizaciones lo que organizaciones de la Sociedad Civil vienen advirtiendo desde hace años: más de la mitad de los estudiantes mexicanos no comprende adecuadamente lo que lee ni resuelve operaciones matemáticas básicas. La pandemia agravó la tragedia. Se perdieron aprendizajes equivalentes a más de un año escolar y millones de estudiantes jamás recuperaron el ritmo académico. Sin embargo, en lugar de construir una política agresiva de recuperación educativa, el Estado decidió normalizar el rezago.

El cierre anticipado del ciclo escolar representa una nueva renuncia institucional. Se argumenta que las olas de calor ponen en riesgo a los estudiantes. Y es cierto: muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, ventilación o acceso suficiente al agua. Pero precisamente ahí aparece la contradicción central. Durante años, el gobierno fue incapaz de invertir seriamente en infraestructura escolar, y ahora utiliza esa precariedad como argumento para reducir tiempo efectivo de aprendizaje. El problema estructural se convierte en justificación política.

Más preocupante aún es el precedente. Si hoy el calendario escolar puede ajustarse por un evento deportivo internacional y por condiciones climáticas previsibles en un país históricamente caluroso, ¿qué impedirá que futuras administraciones reduzcan semanas enteras por elecciones, eventos turísticos, crisis locales o cálculos presupuestales? La escuela pierde centralidad y se convierte en una variable flexible. La educación deja de ser prioridad nacional para transformarse en un servicio subordinado a la agenda política del momento.

Aquí emerge el primer gran problema: la infantilización de la ciudadanía. El mensaje implícito es devastador. Se asume que las familias no pueden decidir; que los docentes no pueden adaptar estrategias regionales; que las comunidades escolares no son capaces de construir soluciones diferenciadas. Desde el centro del poder se impone una decisión homogénea para un país profundamente desigual y diverso. No importa si hay estados con mejores condiciones climáticas, escuelas adaptadas o comunidades dispuestas a continuar actividades híbridas o escalonadas. Todo se decide verticalmente. La lógica es profundamente paternalista: el gobierno piensa por todos.

El segundo problema es el precedente cultural que deja esta medida. México ya enfrenta una grave crisis de disciplina académica y valor social del aprendizaje. En los últimos años se eliminaron mecanismos de evaluación, se relajaron criterios de promoción y se instaló una narrativa donde exigir demasiado parece políticamente incorrecto. Ahora se suma otro mensaje demoledor: el calendario escolar también es negociable. ¿Qué entenderán las nuevas generaciones cuando observan que el futbol internacional tiene mayor peso simbólico que terminar adecuadamente un ciclo académico? El riesgo no es solo administrativo; es civilizatorio.

Y el tercer punto es quizá el más delicado: la clara priorización del cálculo político sobre los aprendizajes. Resulta imposible ignorar el componente mediático de esta decisión. El Mundial de Futbol representa un enorme escaparate político y comercial. Anticipar vacaciones facilita movilidad, turismo interno y reduce tensiones logísticas. Pero la pregunta fundamental permanece intacta: ¿quién representa a los estudiantes? ¿Quién defiende el derecho de una generación herida académicamente a recuperar el tiempo perdido?

Las organizaciones civiles especializadas han insistido durante años en la necesidad de ampliar tiempo efectivo de enseñanza, reforzar aprendizajes fundamentales y recuperar evaluaciones diagnósticas. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que el capital humano perdido durante la pandemia tendrá efectos directos en productividad e ingresos futuros. México Evalúa advirtió sobre el deterioro silencioso del sistema educativo, mientras Mexicanos Primero insiste en colocar a las niñas y niños al centro de la política pública. Pero el gobierno parece haber elegido otro camino: administrar políticamente el rezago.

La discusión de fondo no es climática ni futbolística. Es filosófica y política. ¿Qué lugar ocupa realmente la educación en el proyecto nacional? Porque las naciones que progresan no reducen el tiempo escolar; lo fortalecen. No relativizan el aprendizaje; lo convierten en prioridad estratégica. Corea del Sur, Finlandia o Estonia entendieron hace décadas que el capital educativo define el futuro económico, científico y democrático de un país. México, en cambio, parece avanzar hacia una cultura donde aprender importa cada vez menos.

La era de la ignorancia no comienza cuando desaparecen las escuelas. Comienza cuando la sociedad acepta que el aprendizaje puede esperar.

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Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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