Contra Rubén Rocha Moya hay evidencia de sobra. Es ilegítimo de origen y fue ilegal el triunfo que lo catapultó a la gubernatura. Un gran Jurado en Estados Unidos encontró elementos suficientes que lo vinculan con el narcotráfico. No hay sorpresa. No tendría que haber sorprendidos. Los Chapitos habrían operado para Morena en Sinaloa, levantaron y amenazaron a cientos de operadores electorales de la oposición, financiaron la campaña de Rocha y, en pago, el gobernador con licencia les entregó posiciones clave y co-gobernó con ellos.

En el mar de polémicas que rodean el caso, una es clave y exhibe la doble vara con la que se mide y muestra la protección de la que gozan los aliados.

El gobierno federal ha recordado con enorme contundencia que ninguna persona puede ser privada de la libertad ni puesta a disposición de un Estado extranjero por el solo hecho de que se le solicite. Frente a la petición de EU relacionada con Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum ha dicho que México necesita “pruebas contundentes e irrefutables” antes de proceder contra un ciudadano mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, además, que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición y que los documentos enviados por la Embajada de EU no anexaban pruebas suficientes para sustentar, en esa etapa, la presunta responsabilidad de las personas requeridas.

Entendible. Una solicitud extranjera no sustituye a la prueba. Una acusación formulada por una fiscalía extranjera no elimina la presunción de inocencia. Una carpeta construida fuera de México no cancela el control judicial mexicano. Y una razón de política exterior, por urgente que parezca, no autoriza a convertir la cooperación penal internacional en obediencia automática.

Pero ojo: si eso es válido para Rocha, tendría que ser válido para cualquier mexicano.

El problema no está en que el gobierno exija pruebas contra el gobernador con licencia. El problema es el doble rasero, porque no se pidió ni aplicó la norma para las 92 personas que México ha entregado a Estados Unidos en este sexenio.

La contradicción es más que obvia. Para Rocha, la autoridad mexicana exige pruebas, debido proceso, soberanía, suficiencia probatoria, confidencialidad del procedimiento y revisión conforme al Tratado de Extradición. Las 92 personas ya entregadas, fueron enviadas como regalo. En esos casos se habló de traslado, envío, cooperación, seguridad nacional.

La diferencia está a la vista. ¿Por qué la soberanía mexicana se vuelve tan celosa cuando el requerido es un gobernador y tan flexible cuando las personas requeridas ya están bajo custodia penitenciaria del Estado mexicano?

En un Estado sólido, los derechos no dependen de la simpatía pública del detenido ni de la gravedad mediática de su expediente. El debido proceso no es un premio moral. Es una condición de validez del poder público. De otra forma, eso de la “soberanía” es sólo adorno y narrativa.

Si México exige pruebas contundentes para Rocha Moya, debe explicar por qué no exigió el mismo estándar antes de enviar a 92 personas a Estados Unidos. Y si no puede explicarlo, entonces el problema no está en Washington. Está en la selectividad con la que el poder mexicano decide cuándo la Constitución es una garantía y cuándo es un estorbo.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

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