El pasado lunes 27 de enero, vecinos de la colonia Cactus bloquearon la avenida del mismo nombre, a la altura del Periférico, como respuesta a semanas sin suministro regular de agua potable. El cierre vial no surgió de manera espontánea: fue el último recurso tras reportes reiterados, promesas incumplidas y una dependencia total de pipas que, según los propios habitantes, nunca llegaron con la frecuencia anunciada.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, desde inicios de enero el pozo Rivera —fuente principal de abastecimiento— presentaba fallas que dejaron sin servicio a Cactus y a otras 18 colonias aledañas como Quintas de la Hacienda y La Virgen. Durante ese periodo, el organismo operador informó de manera general sobre trabajos técnicos, pero sin precisar tiempos, avances ni un calendario verificable de restitución del servicio, lo que incrementó la inconformidad vecinal.

El mismo día del bloqueo, INTERAPAS difundió información sobre la aceleración en la instalación de una nueva bomba en el pozo Rivera. El comunicado señalaba que los trabajos ya estaban en curso y que, debido a la profundidad de la tubería y la complejidad técnica, podrían concluir en las siguientes 24 horas. Para los habitantes afectados, el anuncio marcó un punto de quiebre: la intervención técnica se volvió visible solo después de la protesta y del impacto vial generado en una de las zonas de mayor tránsito del oriente metropolitano.

Este miércoles, el organismo confirmó la reactivación del pozo Rivera y el restablecimiento gradual del suministro por red en más de 15 colonias, entre ellas Cactus. La secuencia temporal —desabasto prolongado, manifestación, anuncio de aceleración y reactivación inmediata— dejó entrever que la respuesta institucional no se activó en función de los reportes técnicos iniciales, sino cuando el conflicto se trasladó al espacio público.

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Más allá del restablecimiento del servicio, el episodio expuso un vacío en la gestión preventiva y el monitoreo digital del sistema hidráulico. No hubo alertas tempranas públicas, ni información accesible en tiempo real sobre el estado del pozo, ni mecanismos tecnológicos visibles que permitieran anticipar el colapso. La solución llegó, pero lo hizo después de que la molestia se organizó, se manifestó y obligó a acelerar decisiones y el trabajo en INTERAPAS.