Enero suele ser un mes tranquilo para las aulas: arranque lento, ajustes, promesas de que “ahora sí” todo va a caminar. Pero en San Luis Potosí ocurrió lo contrario. Padres y madres cerrando escuelas, docentes planteándose frente a la Secretaría de Educación estatal, y comunidades escolares enteras atrapadas en conflictos que no provocaron, pero sí padecen. No fue un estallido espontáneo; fue una acumulación. Cuando la autoridad educativa falla en lo básico —prever, explicar, cumplir— la protesta deja de ser excepción y se vuelve método.

Los hechos son claros. Faltan maestros, se separa a directivos sin consenso, se restituyen funcionarios cuestionados y se incumplen acuerdos firmados. En primarias, secundarias y telesecundarias, el patrón se repite: decisiones tomadas en oficinas, comunicadas tarde y defendidas peor. La SEGE aparece siempre al final del conflicto, nunca al inicio de la solución. Y cuando llega, suele hacerlo con dictámenes incompletos, versiones contradictorias o silencios administrativos que solo avivan el enojo.

Lo que no se dice —y eso también educa— es que muchos de estos problemas eran previsibles. El déficit docente no surgió en enero; se arrastra desde hace meses. Los conflictos laborales no nacen con una pancarta; crecen cuando las investigaciones se congelan y luego se activan de forma selectiva. ¿Quién gana con esta forma de gestionar la educación? Nadie en las aulas. Pero sí pierde tiempo la autoridad, diluyendo responsabilidades entre departamentos, siglas y oficios que no resuelven lo urgente, es decir, que haya clases, reglas claras y confianza mínima.

Hay algo más delicado todavía, y es la normalización del desgaste. Padres y madres aprenden que solo cerrando escuelas los escuchan. Maestras y maestros que entienden que manifestarse es la única vía para que se respeten dictámenes. Y el alumnado que asume que su calendario escolar depende menos del aprendizaje y casi en su totalidad del conflicto adulto. Ese es el costo invisible de la mala administración educativa: no siempre aparece en estadísticas, pero deja huella en la relación entre ciudadanía y gobierno.