En México, la Constitución ha dejado de ser un pacto fundacional para convertirse en una mercancía política. Se oferta, se reforma, se negocia y se mutila cada vez que un gobierno necesita justificar su proyecto, blindar su poder o resolver coyunturas que no supo atender con políticas públicas eficaces. Lo que debería ser un marco estable de reglas compartidas hoy funciona como un documento maleable, sujeto al vaivén de mayorías circunstanciales. En este escenario, la advertencia del pensador Axel Kaiser resulta incómoda pero pertinente: una Constitución no está diseñada para resolver todos los problemas de una sociedad, sino para limitar el poder y proteger la libertad.

Desde su promulgación en 1917, la Constitución mexicana ha sido reformada más de 800 veces. El dato, por sí solo, debería encender alarmas. Ningún otro país con aspiraciones democráticas presume tal inestabilidad constitucional. Cada reforma se presenta como un acto de progreso, pero el saldo real es una carta magna sobrecargada, contradictoria y cada vez más distante de la ciudadanía. En lugar de ser un piso común, se ha convertido en un catálogo de promesas, derechos declarativos y soluciones mágicas que rara vez se materializan.

Axel Kaiser sostiene que una buena Constitución no es la que promete más, sino la que restringe mejor. Su utilidad no radica en enumerar deseos, sino en establecer límites claros al poder político y en crear condiciones para que la sociedad civil, el mercado y las instituciones intermedias resuelvan los problemas desde abajo. Bajo esta lógica, la obsesión mexicana por reformar la Constitución revela una incapacidad estructural para gobernar con reglas ordinarias, políticas públicas bien diseñadas y ciudadanía responsable.

El contraste con países como Estados Unidos es revelador. La Constitución estadounidense ha sido modificada apenas 27 veces en más de dos siglos. No porque sea perfecta, sino porque se entiende que el cambio social no se produce desde el texto constitucional, sino desde la interpretación institucional, el fortalecimiento de contrapesos y la acción cívica. Los debates sobre derechos, igualdad o libertades se canalizan a través de leyes, tribunales y políticas públicas, no mediante la reescritura permanente del pacto constitucional.

Algo similar ocurre en los países nórdicos. Suecia, Noruega o Dinamarca cuentan con constituciones sobrias, estables y poco retóricas. No prometen resolver la desigualdad, la pobreza o la injusticia por decreto constitucional. En cambio, apuestan por instituciones sólidas, burocracias profesionales, políticas públicas evaluables y una ciudadanía activa que exige resultados. El cambio no se impone desde arriba; se construye desde la confianza social, la responsabilidad individual y la adaptación a contextos locales.

México, en contraste, ha optado por el camino inverso. Cada problema social se traduce en una reforma constitucional. Cada crisis política deriva en un nuevo artículo o en una fracción añadida. Esta inflación normativa genera la ilusión de transformación, pero en realidad debilita el Estado de derecho. Cuando todo está en la Constitución, nada es verdaderamente exigible. Los derechos se multiplican en el papel, pero se diluyen en la práctica.

El riesgo actual es aún mayor. Las reformas constitucionales ya no solo buscan ampliar derechos, sino reconfigurar el equilibrio de poderes. Se pretende modificar reglas electorales, limitar la autonomía de órganos constitucionales y subordinar al poder judicial bajo la narrativa de la voluntad popular. Kaiser advierte que cuando una Constitución deja de proteger al individuo frente al Estado y comienza a proteger al poder frente al ciudadano, la democracia entra en fase terminal.

La verdadera transformación no pasa por subastar la Constitución al mejor postor político. Pasa por fortalecer la ciudadanía, exigir políticas públicas basadas en evidencia y devolver a los gobiernos locales la capacidad de responder a sus realidades específicas. Ningún artículo constitucional sustituye una escuela que funcione, un sistema de salud eficiente o un aparato de justicia confiable. Esas soluciones se construyen con gestión, profesionalización y rendición de cuentas, no con reformas grandilocuentes.

México necesita una pausa constitucional. Un acuerdo mínimo para dejar de utilizar la carta magna como botín político y recuperar su función esencial: limitar el poder, garantizar libertades y ofrecer certidumbre jurídica. Como señalan las democracias más estables del mundo, las sociedades no progresan porque cambian su Constitución, sino porque fortalecen sus instituciones y a sus ciudadanos.

Seguir subastando la Constitución puede dar triunfos momentáneos a quienes gobiernan, pero el costo lo pagará el país entero. Porque cuando el pacto fundamental se convierte en instrumento de coyuntura, lo que se pone en venta no es un texto, sino el futuro mismo de la república.

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* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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