Los populistas atacan a los académicos no porque ignoren lo que hacen, sino porque les fastidia lo que representan: rigor analítico, apego a la evidencia, especialización técnica, pluralidad de perspectivas, autonomía de juicio. Víctor Hernández Huerta y María Inclán acaban de publicar un artículo al respecto en la revista Perspectives on Politics que lo ilustra con nitidez (https://shorturl.at/agFxp). El populismo divide a las sociedades conforme a una simplificación dicotómica: “pueblo bueno” y “élites corruptas”. Cualquier argumento que ponga en entredicho esa narrativa, cualquier instancia que produzca un relato más complejo o distinto, está condenada a convertirse en objeto de su furia. Pero esa hostilidad no se limita al poder, alcanza también al saber: las universidades, los centros de investigación, los espacios donde el argumento importa más que la consigna. La libertad académica no es un privilegio gremial ni una mera concesión del Estado: es el principio que garantiza la posibilidad de investigar, enseñar y debatir sin someterse a ideologías o intereses ajenos al conocimiento. Atacar esa libertad es atacar la integridad de la labor científica y de la conversación pública, ámbitos cuya razón de ser no es la lealtad a una causa sino el ejercicio de la crítica. Es ahí donde el estudio de Hernández-Huerta e Inclán fija su atención: en la fricción entre el dogmatismo populista y la autonomía del pensamiento. A partir del análisis de indicadores para más de sesenta países entre 2000 y 2021, los autores hallan una correlación significativa entre el nivel de populismo en el discurso de los gobernantes y la erosión de la libertad académica. Y muestran cómo no hace falta clausurar universidades para debilitarlas: basta con recortar presupuestos, capturar órganos de gobierno y violentar normas para menoscabar su funcionamiento interno. Hernández-Huerta e Inclán detallan dicho proceso en el caso del CIDE, que durante el sexenio de López Obrador pasó de ser un centro público de excelencia a un blanco político “neoliberal”. Mediante ataques discursivos, presupuestales y políticos orientados, por un lado, a socavar el prestigio y las capacidades de la institución y, por el otro, a reemplazar a sus directivos y amedrentar a miembros de su comunidad, el gobierno logró reducir su libertad académica. La estrategia no buscó destruir al CIDE sino subordinarlo, enviando además una señal al resto de los centros públicos de investigación sobre los costos de resistir el control político. 

En sus conclusiones, el texto advierte que el cambio de administración no ha revertido la tendencia. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y Rosaura Ruiz a la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación –ambas con reconocida trayectoria académica– podría haber marcado un punto de inflexión, pero hasta ahora no lo ha hecho. Hay otra presidenta, pero persisten la sospecha, la desconfianza y el afán de someter. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H POR CARLOS BRAVO REGIDOR