A pesar del interés de la iniciativa privada de prorrogar la regulación de outsourcing hasta a principios de 2022 y así no poner en riesgo más de 3 millones de empleos en el país, el gobierno federal dio como fecha fatal a las empresas el próximo 1 de septiembre, por lo que para la diputada federal Josefina Salazar Báez fue como dar un "mejoralito" para tratar el cáncer. "Lamentablemente esto ha generado preocupación en el sector, ya que darle un mes para regularizarse, es como darle un mejoralito para un cáncer, no solucionó de fondo para el problema de las empresas”, expresó. Agregó que esto no es con el afán de ponerse en el lugar del empresario sobre del empleado, ya que aseguró que el gobierno federal está en una realidad distinta ya que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni el IMSS, ni el Infonavit tienen la capacidad de atender a las empresas y ponerlas al día sobre las nuevas normas de la Ley Federal del Trabajo. Josefina Salazar afirmó que desde la bancada panista tanto en la de diputados y senadores, su postura es que la idea es buena, pero el tiempo es corto, por lo que estaban de acuerdo con los empresarios de posponer la aplicación de la referida ley hasta el próximo 1 de enero, pero no se logró.