La vivienda económica enfrenta retos políticos, institucionales y estructurales en México, después de que en el sexenio pasado los costos se elevaron y se eliminaron los estímulos hacia la vivienda del tipo social, señalaron Horacio Urbano, director de Centro Urbano, e Ignacio Gómez, director de Canadevi SLP, en mesa de análisis para Así las Cosas en el Bajío.

La vivienda, subrayó Ignacio Gómez, tuvo un auge con la creación del Infonavit en sus inicios, sin embargo, la eliminación de estímulos y problemas inflacionarios en insumos de la construcción desperfilaron a los trabajadores.

"Pasamos de un sexenio sin vivienda social en San Luis Potosí; no hubo un solo crédito de vivienda para trabajadores de la zona industrial con salario mínimo", añadió.

Además, mencionó que en San Luis Potosí hay alrededor de 200 mil personas en pobreza y cuya vivienda no es digna porque carece de infraestructura, son pisos de tierra y tiene muros y techos muy endebles. Aunado a ello, el poder adquisitivo del trabajador se vino abajo mientras la vivienda económica tuvo incrementos del 60 al 80 por ciento en el sexenio pasado.

En consecuencia, aseveró, "el trabajador no tiene capacidad económica para comprar una vivienda".

Ante ello, reconoció, la actual administración federal ve el problema e impulsa el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual, deseó, ojalá tenga éxito. No obstante, inició con una curva de aprendizaje muy compleja, ya que el Infonavit trató de hacer una constructora y se dio cuenta que no iba a poder operar por lo que tuvo que recurrir a la reserva territorial de desarrolladores de vivienda. Sin embargo, dichas reservas tienen su límite y, si no hay cambios estructurales en ese programa, en un futuro pudiera no continuar. Además, puntualizó, la escasez de agua y energía podrían provocar un cuello de botella, pues son esenciales para el desarrollo de vivienda.

Por otro lado, Ignacio Gómez, destacó que estados como Veracruz y Mérida han funcionado bien en el tema de vivienda por la coordinación entre esferas de gobierno, mientras que otras entidades, como las del Bajío, se quedan atrás porque carecen de condiciones políticas y hay muchos intereses de por medio.

Por su parte, Horacio Urbano resaltó que, además del rezago de 8.4 millones de viviendas, el verdadero reto es entender la necesidad de casa para cada familia. "Algunos necesitan algo nuevo y urbano; otros necesitan algo de acuerdo a las condiciones locales o rurales; y otras familias lo que requieren es mejorar la vivienda que ya habitan", dijo.

En este sentido, cuenta mucho la relación salario-costo, porque el salario sube pero muy por debajo del precio de todo lo demás, dado que la inflación no cesa y tiene un efecto directo en los costos.

De igual manera, recalcó que la falta de planeación se traduce en falta de servicios públicos porque no hay sueño adecuado, no hay permisos ni agua, y los gobiernos no entienden que se debe invertir en infraestructura.

En cuanto al programa de Vivienda para el Bienestar, calificó como positiva la intención de que el gobierno quiera entrar donde el sector privado no puede. Sin embargo, el programa, adelantó, deberá tener ajustes y poner atención a la meta de viviendas que se pretenden construir y que corresponda a una demanda racional porque no todos los mexicanos pueden adquirir una vivienda.

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Finalmente, insistió en que la coordinación institucional es uno de los grandes retos del programa de Bienestar, ya que se enfrenta a gobiernos municipales que han puesto muchas barreras. "No es lo mismo estar viendo lo que sufre el sector privado para conseguir infraestructura y permisos, ahora que les toca a ellos se darán cuenta de ese problema que no es atendido por gobiernos municipales y estatales", concluyó.