De las 148 plantas tratadoras de agua existentes en San Luis Potosí, únicamente 49 se encuentran funcionando de manera correcta, mientras que entre 20 y 30 operan de forma irregular y el resto permanecen totalmente inhabilitadas, informó el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el ingeniero Pascual Martínez Sánchez. El funcionario explicó que, ante este panorama, la CEA ha iniciado recorridos por diversas regiones del estado para diagnosticar la situación de las plantas y buscar soluciones en coordinación con los gobiernos municipales, al señalar que el saneamiento del agua es una responsabilidad directa de los ayuntamientos y de sus organismos operadores. Sánchez detalló que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en plantas tratadoras ubicadas en los municipios de Guadalcázar, Moctezuma y Axtla, y subrayó que el problema no es la falta de recursos económicos, sino la insuficiencia de infraestructura para tratar y sanear el agua disponible. Advirtió además que el año 2026 podría presentar un escenario desfavorable en materia de sequía, lo que vuelve urgente el fortalecimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. Cabe recordar que anteriormente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había alertado que solo el 36 por ciento de las plantas de tratamiento en San Luis Potosí se encontraban en funcionamiento, principalmente debido a deficiencias de mantenimiento y al alto costo de la energía eléctrica, factores que han llevado a diversos municipios a suspender la operación de estas instalaciones. A nivel nacional, estimaciones de organismos del sector y análisis técnicos indican que únicamente entre el 32 y el 46 por ciento del agua residual generada recibe un tratamiento adecuado, lo que refleja una limitada capacidad real de saneamiento, más allá del número de plantas instaladas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H La falta de operación de las plantas tratadoras provoca que aguas residuales sean vertidas sin tratamiento adecuado en ríos y arroyos, afectando cuerpos de agua, ecosistemas y generando riesgos para la salud pública, tanto en zonas urbanas como rurales del estado.