El diputado Héctor Serrano Cortés, representante de la Junta de Coordinación Política y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, se pronunció a favor de la decisión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de vetar la reforma electoral conocida como “Ley Gobernadora”, al considerar que el Ejecutivo actuó dentro del marco jurídico. Serrano Cortés señaló: “La condición jurídica tiene una fortaleza y una estructura correcta, lo que el gobernador está haciendo a mi juicio es actuar con honorabilidad”, y ejemplificó su postura con la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Estado sobre la constitucionalidad de la reforma, la cual no procedió. Añadió que la autoridad electoral determinó que la promoción realizada por ciertos actores ni siquiera contaba con las vías legales correspondientes. El legislador aclaró que desde el ámbito legislativo el sentido de la reforma nunca fue beneficiar a una persona en particular, sino garantizar un ejercicio paritario que permitiera una igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres. Asimismo, dejó entrever acuerdos políticos al señalar: “Nosotros (como PVEM) formamos parte de un proyecto nacional en donde participamos siempre a favor de las propuestas que se dan en el orden federal con nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum y por supuesto hemos continuado siempre una ruta de lealtad al proyecto y habremos de continuar en ello para que no haya suspicacia en el tema ni mucho menos”.

Agregó que las acciones del gobernador buscan evitar que se embravezca el clima político en San Luis Potosí a partir de discursos incorrectos de la oposición, derivados de la inconformidad por la imposibilidad de que hombres se postulen a la gubernatura bajo dicha reforma. Refrendó que, al regresar la propuesta al Congreso, se le dará el procedimiento correspondiente dentro de las comisiones legislativas. El diputado subrayó que la ley nunca fue publicada, por lo que no adquirió vigencia, ya que la Constitución establece que una ley entra en vigor únicamente a partir de su publicación oficial, proceso que en este caso no se concluyó. Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema durante su conferencia mañanera del lunes 15 de diciembre, al referirse a la legislación aprobada por el Congreso de San Luis Potosí que estipulaba que únicamente mujeres podrían contender por la gubernatura en el proceso electoral de 2027. La mandataria recordó que en 2021 el Instituto Nacional Electoral apeló a que los partidos políticos cumplieran con una cuota paritaria en las candidaturas a gubernaturas, en concordancia con lo estipulado por la Constitución en materia federal. Sheinbaum puntualizó que la intención de la paridad no es selectiva, sino que busca legislar a favor de oportunidades equitativas entre hombres y mujeres, lo cual ha derivado en una mayor participación femenina en la vida pública y en la atención de una desigualdad histórica. No obstante, advirtió: “en el tema de poner hombre o mujer para un año o para otro se tiene que determinar si es una práctica que esté dentro de la constitucionalidad o no”, por lo que solicitó directamente al ministro Hugo Saldívar analizar si la reforma violaba o no la Constitución. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había señalado previamente que la reforma fue una propuesta impulsada tanto por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) como por el Congreso del Estado, desmintiendo que el Poder Ejecutivo tuviera injerencia en su elaboración o en sus intenciones. Afirmó que no se requería de una ley a modo para obtener triunfos electorales. Una vez que la reforma fue aprobada por mayoría en el Congreso y remitida al Poder Ejecutivo para su publicación, el mandatario estatal emitió un comunicado en el que anunció que ejercería su derecho al veto. En dicho documento explicó que la ley sería devuelta para una nueva revisión por parte del Ceepac y del Congreso del Estado, con el objetivo de determinar su constitucionalidad y desmentir los señalamientos que acusaban a la reforma de buscar una ventaja política en la contienda electoral, narrativa que atribuyó a los partidos de oposición.

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