El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al titular de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México, para que se retiren las denuncias interpuestas ante la fiscalía general de la república en contra de cualquier estudiante presuntamente involucrado en la toma de las instalaciones del Tecnológico de León, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las consideraciones, se recordó que el 23 y 30 de octubre de 2025 las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de León realizaron movilizaciones y bloqueos en el bulevar Adolfo López Mateos y el bulevar Aeropuerto, en protesta por la falta de atención a un pliego petitorio presentado un año antes, en el que exigían mejorar las condiciones de infraestructura de los campus y la destitución de la directora María de Lourdes Almaguer Sánchez, del subdirector Edgar Omar Ponce y la disolución del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Asimismo, se señaló que la dirección del plantel y el área jurídica del Tecnológico Nacional de México optaron por presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por la toma de instalaciones federales y daños a la infraestructura, lo que consideran una criminalización del movimiento. También, se informó que al menos dos estudiantes fueron citados a comparecer el 13 de noviembre de 2025 en las instalaciones de la FGR en León y que el 18 de noviembre la directora del Tecnológico de León y personal jurídico habrían propuesto sanciones académicas contra quienes participan en el paro, situación que motivó la renuncia de jefes de departamentos como Ciencias Básicas, Metalmecánica y Sistemas, quienes se negaron a formar parte de medidas represivas que puedan afectar el futuro académico de las y los alumnos. Por lo anterior, se expresó que la Constitución establece que la manifestación de las ideas no debe ser objeto de inquisición judicial o administrativa y que se deben impulsar las prácticas democráticas que aseguren espacios de diálogo, participación estudiantil real en las decisiones internas y respeto a la pluralidad de ideas y al pensamiento crítico. Al hablar en contra, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza mencionó que se coincide en que ningún estudiante debe enfrentar denuncias penales por ejercer su voz, por lo que se respalda el llamado a revisar y retirar las denuncias contra los alumnos del Tecnológico de León, pero que no se está a favor del exhorto por ya estar siendo analizado en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura con documentos y trabajo técnico en curso. Agregó que el aprobar la obvia resolución significaría duplicar esfuerzos y crear confusión que no ayudan a resolver el fondo del problema, junto a que el trámite requerido impide un análisis más completo de la situación, donde se busca que el asunto avance con diálogo y participación democrática que conlleve a una solución justa para todas y todos. En su intervención, el legislador Rodrigo González Zaragoza mencionó que existe una criminalización generalizada y mal manejada desde la dirección local del propio instituto por las denuncias impuestas ante la Fiscalía General de la República ante alumnos que exigen buenas instalaciones educativas, mayor calidad académica y mejores tratos para poder prepararse de una mejor manera. Añadió una invitación a sus compañeras y compañeros congresistas para que conozcan la realidad de las instalaciones del Tecnológico de León que no están a la altura de la enseñanza que requieren las futuras generaciones, por lo que convocó a dar un respiro y aliento a los jóvenes a que le den la importancia que requiere un asunto de gran trascendencia. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H La obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.