El mensaje que la delegación de alto nivel estadounidense trajo el miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador fue simple: hay que detener la oleada de migrantes que pasan a través de México hacia los Estados Unidos centroamericano y hay que hacerlo antes incluso de que entren al país. La petición como tal es sencilla y directa. Difícil de instrumentar ciertamente pero nada que no fuera esperado. El punto, y esto es importante, es lo que el gobierno del presidente Lopez Orador esté dispuesto a hacer. En su conferencia "mañanera" del jueves, el mandatario mexicano calificó la reunión como "muy buena" y reiteró que se abordaron asuntos de cooperación económica, seguridad y migración. "Ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad”, señaló en su cuenta oficial de X.  Y tiene razón.  Pero el diablo está en los detalles. Desde el punto de vista estadounidense, la cuestión de seguridad involucra tráfico de drogas -léase fentanilo- y una frontera sin complicaciones mayores de lo normal, idealmente con pocos migrantes o solicitantes de asilo, especialmente de otros países. Que el eje de la reunión haya sido la cooperación económica es comprensible para ambas partes: sus economías están esencialmente integradas y cualquier cosa que estorbe el tráfico de mercancías o complique la delicada danza de intercambio de partes entre los dos países afecta sus economías: el cierre de los pasos ferroviarios de Ciudad Juárez-El Paso y Piedras Negras-Eagle Pass provocó pérdidas de hasta 200 millones de dólares diarios. La causa fue la presunta incapacidad de la Patrulla Fronteriza estadounidense para supervisar el tráfico comercial y al mismo tiempo procesar la marejada de solicitantes de asilo. Pero pareció también una forma burocrática de expresar su descontento con una política que los críticos del presidente Joe Biden consideran como de fronteras abiertas y en la que hasta sus críticos coinciden que debe haber un importante componente mexicano. De acuerdo con lo que se supo de la reunión, hubo consenso en la necesidad de enfrentar el problema desde sus causas, y eso implica por supuesto inversiones para desarrollo, creación de empleos. Pero ese es un problema generacional, y el problema político de Biden con posibles repercusiones económicas para ambos países, se da ahora, a partir del lunes, de hecho, en el año electoral de 2024. En ese marco quedan preguntas en el aire. En el caso de México ¿Estará dispuesto el gobierno mexicano a desplegar la Guardia Nacional en la frontera? ¿O a instalar puestos de verificación migratoria en carreteras y ciudades? ¿Habrá un ordenamiento del sistema migratorio mexicano? ¿Habrá control real de entradas y salidas del país? ¿Habrá deportaciones y se detendrán caravanas de migrantes? ¿o el uso de los sistemas mexicanos de transporte, desde cabalgar a la Bestia -o sea treparse al tren bautizado como tal- hasta la renta de autobuses?  Porque además hay un problema de capacidades. POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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