La Comisión de Jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados rechazó que su exigencia de restablecer las prestaciones suspendidas sea considerada una solicitud de ayuda extraordinaria y sostuvo que se trata del cumplimiento de un derecho laboral establecido en el Numeral 23 de su Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, así como en las Condiciones Generales de Trabajo.

En un pronunciamiento ante de medios de comunicación, Alejandra Almorejo, representante sindical, respaldó la postura de los jubilados y subrayó que su movimiento busca el respeto a las prestaciones que les corresponden.

Lo anterior, después de que ayer trabajadores jubilados bloquearan por siete horas los accesos de la Cámara de Diputados.

“No estamos solicitando un subsidio, una dádiva ni un apoyo económico adicional a nuestras pensiones del ISSSTE. Estamos reclamando el cumplimiento de una prestación laboral”, establece el posicionamiento de la Comisión.

Almorejo explicó que uno de los principales desacuerdos con la información institucional difundida por los legisladores tiene que ver con las cifras presentadas sobre los recursos destinados a los jubilados.

Y es que cuestionó que se maneje una cantidad global de 114 millones de pesos anuales sin diferenciar el origen y la naturaleza de cada concepto.

En particular, aclaró que los vales del Fondo de Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) no representan recursos entregados directamente por la Cámara de Diputados ni una erogación presupuestal de esta institución.

Asimismo, precisó que la prestación mensual contemplada en el Numeral 23 asciende a 11 mil 992 pesos con 46 centavos, y no a los aproximadamente 13 mil 500 o 14 mil pesos que mencionaron.

“La transparencia no consiste únicamente en publicar cantidades; consiste en explicar correctamente qué representa cada una”, enfatizó.

Añadió que el pago único de aproximadamente 56 mil pesos que aceptaron 248 jubilados no significa que la controversia esté resuelta para todos.

“La aceptación de una propuesta económica por determinados jubilados no puede presentarse como si hubiera resuelto la controversia de todos”, indicó.

Recordó que existen procedimientos laborales en los tribunales que continúan su curso y que deben ser respetados.

Expuso que el origen inmediato de su inconformidad es la suspensión, desde el 15 de abril de 2026, de prestaciones que los jubilados sindicalizados recibían anteriormente.

Ante esta situación, exigió a las autoridades explicar qué ocurrió con los recursos destinados a cubrir esas obligaciones, cuál fue su aplicación y por qué dejaron de ejercerse.

Su principal demanda, puntualizaron, es garantizar el presupuesto, el etiquetado y el ejercicio de los recursos necesarios para cumplir con el Numeral 23.

Finalmente, solicitó ser recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, el lunes próximo; aunque la reunión estaba pactada para el jueves a las 12:00 horas.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos exigiendo que se respete lo que legítimamente nos corresponde”, concluyó.

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Con información de El Heraldo de México