El presidente López Obrador tomó la decisión de atropellar la Ley. Lo hizo sin recato ni pudor. Y lo presumió. Lo hizo, además, de manera ventajosa, desde el máximo poder y, para no dejar espacio a dudas, ante millones de personas.  En su mañanera del jueves pasado, molesto por una investigación periodística del diario The New York Times que retoma una indagatoria de la DEA que señalaba vínculos de colaboradores y familiares de AMLO con el narcotráfico para financiar la campaña presidencial de 2018, exhibió el número telefónico personal de la periodista Natalie Kitroeff.  Al otro día, cuestionado por la periodista Jesica Zermeño, de Univisión, justificó el acto que viola el derecho que tienen todas las personas a mantener sus datos personales como privados, argumentando que "es su derecho", que “por encima de la ley está mi autoridad” y remató diciendo que "lo volvería a hacer". Ni el presidente ni nadie tiene derecho a hacer pública información privada de una persona. Si AMLO está molesto con cuestionamientos o publicaciones, puede argumentar en su favor y defenderse (como lo ha hecho), pero jamás debería rebasar la frontera que rebasó: colocar en situación de riesgo a una persona exhibiéndola, máxime tratándose de una periodista en un país en el que asesinan con trágica normalidad comunicadores. "Si la periodista del NYT está muy preocupada, que cambie su número de teléfono", recomendó el presidente a la colega agredida.  Ni ella ni nadie tendría que cambiar su teléfono por miedo a amenazas o ataques, mucho menos estos deberían ser orquestados o alimentados desde el poder.  Tras 29 minutos de intercambio entre Zermeño y López Obrador, el presidente estalló: “bájenle una rayita a su prepotencia”. Esos 29 minutos quizá sean los más caóticos de cuantos hayamos visto en una mañanera. El presidente se mostró molesto, descolocado y autoritario.  ¿Cómo entender que el Jefe del Estado mexicano se rebaje a amedrentar periodistas porque no le gusta el trabajo que realizan?  “Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?”, preguntó Zermeño.  “Claro” respondió AMLO. “¿Qué hacemos con la ley de transparencia?”, cuestionó la periodista.  “Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política”, dijo. Ya no había más que decir. La respuesta fue tan surreal como contundente y descriptiva. ¿No el presidente es el primero que debería respetar la ley? ¿No lo juró ante el Congreso en su toma de posesión? “Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, protestó. ¿Y entonces? A poco más de tres meses de la elección presidencial, López Obrador ha perdido el control de la narrativa, y está en una posición reactiva que lo muestra mal situado y ajeno. La espiral de radicalización avanza.  POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN