Carlos Pérez Ricart escribió el jueves en Reforma que la extradición de Rubén Rocha Moya estaría “envenenada”. Porque el derecho penal estadounidense presiona a los imputados. Porque su proceso de negociación de culpabilidad genera más acuerdos que juicios. Porque la relación bilateral es asimétrica y Trump, un gandalla. Críticas atendibles pero equívocas. Veamos.

Estados Unidos está solicitando la extradición conforme a un tratado vigente. Pérez Ricart no dice que las acusaciones sean espurias, alega que están contaminadas. Los delitos por los que Rocha está acusado son irrelevantes: ni los menciona. Lo que le importa no es qué hizo, sino quién lo acusa y con qué fin. Desconfía de la justicia estadounidense pero sin ocuparse de la desconfianza que inspira la justicia mexicana. Así, su alegato desemboca en un limbo de sospechas y silencios. ¿Qué hacer? Quién sabe.

Escribe que “una imputación de este tipo no cae del cielo, se produce dentro de un sistema con incentivos propios”. Pero de ahí no se sigue que sea ilegítima. Él lo sabe -matiza que “no todos mienten”- pero el matiz es un gesto para cubrirse las espaldas, no para complicar el argumento. La pregunta que evita hacerse es si las imputaciones contra Rocha son creíbles. Hay mucha evidencia periodística al respecto, pero tampoco se toma la molestia de mencionarla. Prefiere la comodidad del agravio patriotero, donde el origen extranjero de una acusación la vuelve cuestionable sin necesidad de demostrar que sea falsa. O, al menos, inverosímil.

Luego usa el dato de que 93% de los casos extraditados terminan en acuerdos de culpabilidad como evidencia de que las extradiciones producen negociación, no justicia. Pero esos acuerdos implican admisión de culpa: no reparten absoluciones, derivan en condenas. Algunas más largas, otras rebajadas para que los extraditados revelen información sobre redes criminales más amplias (así se armó el juicio contra García Luna). Eso no siempre es un defecto, a veces es su ventaja. Que ponga nerviosos a políticos potencialmente involucrados no es una prueba en su contra; puede ser, de hecho, una muestra de su eficacia.

Pérez Ricart borra a Rocha como sujeto responsable -de gobernar en presunto contubernio con el crimen organizado-, convirtiéndolo en mera ficha de un conflicto diplomático. Y con él borra a todas las personas que han padecido las consecuencias. Parece que lo ofenden más las amenazas de Estados Unidos que las realidades de la gobernanza criminal en México. La asimetría bilateral y la prepotencia de Trump existen, pero también existen la narcopolítica y sus víctimas. Ignorar lo segundo para denunciar lo primero no es sólo un análisis muy pobre: es deshonestidad intelectual.

La extradición es muy problemática, sin duda. Pero, si ponemos la demanda de justicia antes que la demagogia nacionalista, ¿hay, hoy por hoy, una alternativa menos peor? Advertirlo no es regatearle complejidad al caso, es dejar de usarla como pretexto para no hacerse cargo de él.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg