Lo ocurrido en los últimos días en la zona metropolitana de San Luis Potosí no puede leerse como una simple sucesión de incidentes aislados. La agresión a un agente estatal en la Central de Abastos de la capital potosina, y el ataque directo contra policías municipales en Soledad de Graciano Sánchez, evidencian algo muy profundo y preocupante: la autoridad dejó de ser un referente incuestionable y comenzó a convertirse en un blanco accesible. Y eso, en cualquier sociedad, es una señal de deterioro institucional.

No se trata solo de ciudadanos molestos o alterados. Lo que emerge es una ruptura frontal del pacto social que sostiene el orden público. El principio básico de que el Estado es el único con facultad legítima para ejercer la fuerza parece haber perdido vigencia en ciertos espacios urbanos. Cuando un grupo de personas golpea, desarma y dispara contra un agente, no solo agrede a un individuo, desafía directamente a las instituciones y prueba los límites reales de la capacidad de respuesta de las autoridades.

La pregunta incómoda es por qué ocurre esto. La explicación fácil sería hablar de delincuencia o falta de cultura cívica, pero esa lectura se queda corta. Lo que resalta es un profundo desgaste de la legitimidad institucional. Durante años, la relación entre ciudadanía y corporaciones de seguridad se ha erosionado entre denuncias de abusos, percepción de corrupción, impunidad y ausencia de resultados tangibles en materia de seguridad. Cuando la autoridad pierde credibilidad, irónicamente también pierde autoridad.

Lo más alarmante es el componente colectivo de la violencia. En el municipio de Soledad no hubo un acto impulsivo individual, sino una agresión grupal en la que incluso participaron menores de edad. Esto revela que la confrontación con la policía comienza a normalizarse socialmente. La violencia deja de ser excepción y se convierte en una conducta tolerada, incluso validada dentro de ciertos entornos comunitarios.

El simbolismo del despojo del arma resulta particularmente revelador. Quitarle a un policía el instrumento que representa el poder del Estado y usarlo en su contra es un acto de humillación institucional. Es la expresión más clara de una autoridad que ya no se percibe como legítima ni respetable, sino como vulnerable y cuestionable.

Tampoco puede ignorarse el papel del entorno urbano. Espacios con alta densidad poblacional, dinámicas económicas propias o débil presencia institucional generan territorios donde el control del orden se disputa cotidianamente. En esos contextos, la intervención policial se percibe como intrusión más que como servicio, y la reacción social puede escalar rápidamente hacia la confrontación.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en la ciudadanía. Los hechos también exhiben debilidades estructurales en las corporaciones de seguridad: estrategias de proximidad insuficientes, falta de capacitación en manejo de crisis, protocolos de actuación cuestionables y una distancia abismal y evidente entre institución y comunidad. La autoridad exige respeto, pero el respeto institucional también se construye con eficacia, transparencia y confianza pública.

A esto se suma como un factor determinante la percepción de impunidad. Cuando la sociedad observa que las agresiones contra la autoridad no tienen consecuencias claras o inmediatas, el mensaje que se envía es peligroso. La violencia se vuelve una herramienta viable para enfrentar al Estado, y el orden jurídico comienza a percibirse como opcional.

Lo que está en juego no es solo la seguridad de los agentes ni la estabilidad del orden público inmediato. Lo que se erosiona es el tejido mismo de la convivencia social. Una autoridad que puede ser golpeada sin consecuencias pierde su función disuasiva; una sociedad que normaliza esa violencia pierde sus mecanismos básicos de regulación.

San Luis Potosí enfrenta así una crisis que no se resolverá únicamente con más operativos o patrullas. El problema es más profundo: se trata de una crisis de legitimidad, de confianza y de gobernabilidad. Y es que cuando la autoridad deja de ser reconocida y el ciudadano deja de sentirse representado por ella, el resultado no es justicia ni equilibrio, sino un vacío de poder donde la ley se negocia a golpes. Y ese escenario, más que alarmante, es insostenible.