Resulta preocupante que más de 370 unidades del transporte público en San Luis Potosí continúen circulando pese a haber superado el límite de diez años de antigüedad permitido por la Ley Estatal del Transporte. Lo más delicado es que tanto el dirigente transportista Margarito Terán López como la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, han reconocido el incumplimiento, de acuerdo con la denuncia de Ciudadanos Observando.

La pregunta es inevitable: ¿De qué sirve tener una ley si quienes deben cumplirla pueden ignorarla sin consecuencias? Los permisionarios exigen condiciones para mantener sus concesiones y hasta plantean necesidades millonarias de recursos públicos, pero la renovación de sus unidades también es una obligación, no una concesión de las autoridades.

No se puede hablar de mejorar el servicio mientras cientos de camiones siguen operando fuera de lo que establece la legislación. Los usuarios pagan una tarifa y merecen unidades seguras, dignas y en condiciones adecuadas.

La SCT tiene una responsabilidad que no puede evadir: hacer cumplir la ley, supervisar y aplicar las medidas correspondientes. El transporte público no puede funcionar bajo reglas distintas para los concesionarios. La autoridad debe dejar claro que las obligaciones legales no son opcionales.