Ocho años ya. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 quedará registrada como uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente; una estampa del contubernio entre autoridades y grupos criminales; una derrota de la procuración e impartición de justicia; retrato del alejamiento del gobierno para con las víctimas; la insensibilidad de quienes ostentan el poder y quienes lo otorgan. Ayotzinapa representa, en muchos y muy diversos sentidos, el fracaso del Estado. La PGR hizo una larga investigación, se detuvieron a más de 140 presuntos responsables directos e indirectos en los hechos –de los que decenas han quedado libres-, incluidos decenas de policías de Iguala y Cocula, y concluyó que los 43 normalistas habían sido quemados, y los restos de algunos de ellos, lanzados al río San Juan. Eso es lo que el entonces Procurador Jesús Murillo Karam -hoy detenido-, el que se cansó de investigar, llamó verdad histórica. El caso marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto. A ocho años, el estatus legal de los jóvenes sigue siendo de desaparecidos. Los familiares nunca creyeron las versiones oficiales. Peña Nieto y su administración quedaron marcados por Ayotzinapa. No solo por la falta de legitimidad que le acarreó, sino por la forma en que su gobierno y su Procuraduría manoseó la investigación y la relación con los padres.  “Fue el Estado”, es la consigna que se repite en cada movilización, en cada marcha. Y sí, al gobierno se le puede achacar la falta de capacidad de su gobierno y cómo se quedó pasmado los días siguientes a la tragedia, pero nadie podría asegurar que desde Los Pinos hubo instrucción de secuestrar y desaparecer jóvenes. El asunto es que importa el fondo, pero también la forma. Quizá más, todavía. Ayotzinapa simboliza el fracaso de una procuración de justicia que ensució el sexenio, representa la ausencia de Estado de Derecho, y es botón de muestra de un presidente lejano que jamás se paró en la normal rural, nunca recibió a los padres, y titubeó, incluso, para solidarizarse con ellos. AMLO ha tomado el caso como bandera de la justicia que tanto urge a México. En el cuarto aniversario de la tragedia, estuvo con las familias en el Museo Memoria y Tolerancia. Su primer decreto, ya como presidente, el 3 de diciembre de 2018, fue para la creación de una Comisión de la Verdad. Lo firmó frente a los padres de los 43. “Con este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes”, dijo esa mañana. Prácticamente en cada aniversario, se ha encontrado con las familias de los jóvenes desaparecidos. Son casi una veintena de reuniones entre el presidente y padres de los 43. Hay nuevas órdenes de aprehensión, que incluyen a elementos del Ejército. También hay mayor certeza de quiénes entorpecieron la indagatoria o, con toda alevosía, fabricaron pruebas. ¿Ayotzinapa vive? Sí, como ejercicio de memoria y como recuerdo de lo que nunca más debe volver a ocurrir.  POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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