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Gestionan con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento capitalino y legisladores etiquetar recursos permanentes
01:50 viernes 2 octubre, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP. — La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) gestiona ante los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo la creación de un mecanismo de financiamiento permanente destinado al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del complejo fabril, con el objetivo de erradicar las reparaciones esporádicas e instaurar una estrategia anual de conservación.
El presidente del organismo empresarial, Mario González Martínez, informó que se han iniciado cabildeos para lograr que la partida financiera quede debidamente etiquetada en los presupuestos de egresos venideros.
De acuerdo con estimaciones preliminares de la UUZI, el complejo industrial requiere un piso financiero de al menos 30 millones de pesos anuales dedicados exclusivamente a labores de mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y servicios básicos, monto al que deberán sumarse bolsas adicionales para la ejecución de nuevas obras de infraestructura.
González Martínez explicó que actualmente las empresas deben gestionar cada año partidas de emergencia ante las autoridades para atender el deterioro, por lo que urgió a cambiar este esquema reactivo por una asignación presupuestal multianual que permita programar los trabajos con anticipación.
La propuesta de la cúpula empresarial surge tras la inoperancia del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (Fideco), esquema que anteriormente canalizaba fondos para proyectos viales en el polígono industrial.
Dicho fideicomiso se nutría directamente de la recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal —conocido como impuesto sobre la nómina—; sin embargo, la UUZI señaló que el mecanismo dejó de operar durante la presente administración estatal, dejando desprotegida la fuente directa de financiamiento para el complejo.
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Ante este escenario, la UUZI busca que tanto la administración estatal como el municipio capitalino concurran en un nuevo modelo presupuestal formalizado por los legisladores, garantizando certeza operativa para uno de los motores económicos más importantes de la entidad.