El destituido expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol mantuvo su actitud desafiante el viernes en su primera reacción a su condena de cadena perpetua por rebelión dictada por un tribunal de Seúl en la víspera.

En un comunicado difundido por sus abogados, Yoon Suk-yeol sostuvo que su abrupta y efímera declaración de ley marcial en diciembre de 2024 se hizo “únicamente por el bien de la nación y de nuestro pueblo”, y desestimó al Tribunal del Distrito Central de Seúl por considerarlo parcial en su contra.

El expresidente, quien fue apartado del cargo en medio de la crisis política desatada por su fallido intento de aferrarse al poder, lleva tiempo rechazando los ocho procesos penales en su contra por lo que los fiscales describieron como un intento de golpe de Estado y otras acusaciones.

Se atrincheró durante semanas en la residencia presidencial, obstaculizó la labor de los investigadores tras su detención y no acudió a vistas judiciales, además de enfrentarse con testigos cuando sí compareció.

Al dictar su veredicto por los cargos de rebelión el jueves, el juez Jee Kui-youn afirmó que el exmandatario no mostró “ninguna señal de disculpa por los abrumadores costos sociales ocasionados por la ley marcial de emergencia” y que “se negó a comparecer ante el tribunal sin ninguna razón justificable” en varias ocasiones.

Los simpatizantes conservadores del exlíder surcoreano, que se concentraron durante horas cerca del tribunal antes del veredicto, expresaron su decepción y malestar tras el anuncio, mientras que sus opositores celebraban en las calles cercanas. Ambos grupos estuvieron separados por cientos de agentes de policía y no se registraron enfrentamientos relevantes.

El comunicado de Yoon Suk-yeol rechazó el veredicto por considerarlo ilegítimo.

“En una situación en la que no puede garantizarse la independencia del poder judicial y es difícil esperar un veredicto basado en la ley y la conciencia, siento un profundo escepticismo sobre si tendría sentido continuar una batalla legal mediante una apelación”, declaró el expresidente, de 65 años de edad, que está encarcelado desde julio del año pasado.

Yoo Jeong-hwa, una de sus abogadas, señaló que él “sólo estaba expresando su estado de ánimo actual” y no indicó su intención de renunciar a su derecho a presentar recurso; el sentenciado tiene siete días para apelar el veredicto.

En su comunicado, el expresidente expresó su solidaridad con las familias de los soldados, agentes de policía y funcionarios públicos que enfrentan investigaciones o acusaciones formales en relación con su decreto de ley marcial, y afirmó que se siente responsable de su sufrimiento. Pero también dijo a sus seguidores que “nuestra lucha no ha terminado”.

El tribunal declaró a Yoon Suk-yeol culpable de orquestar una rebelión al movilizar fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de hacerse con el control de la legislatura —de mayoría progresista—, detener a adversarios políticos y establecer un gobierno sin controles por un periodo indefinido. Él ha descrito su impulso autoritario como necesario para contrarrestar a la cámara controlada por la oposición, de la que dijo que estaba integrada por fuerzas “antiestatales”.

El expresidente también podría enfrentar el recurso de un fiscal especial independiente, que pidió la pena de muerte al tribunal y tiene derecho a solicitar que un tribunal superior modifique la condena. Jang Woo-sung, miembro del equipo de investigación, dijo a reporteros tras el fallo que el equipo tiene “reservas” sobre las conclusiones fácticas del tribunal y la severidad de la condena.

El tribunal de Seúl también declaró culpables y condenó a cinco exoficiales militares y policiales implicados en la aplicación del decreto de ley marcial de Yoon. Entre ellos estaba el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel clave en la planificación de la medida, la movilización del ejército y la instrucción a funcionarios de la contrainteligencia militar para detener a políticos clave, entre ellos el actual presidente, el progresista Lee Jae-myung.

Kim Young-hyun presentó una apelación.

Jang Dong-hyuk, líder del conservador Partido del Poder del Pueblo, afirmó en una conferencia de prensa el viernes que el tribunal no presentó argumentos convincentes para demostrar que la ley marcial de Yoon equivaliera a rebelión y, al referirse a un posible recurso, subrayó que “el derecho a la presunción de inocencia se aplica a todos sin excepción”.

El decreto de dicha imposición, anunciado a última hora de la noche del 3 de diciembre de 2024, estuvo en vigor unas seis horas, hasta que un quórum de legisladores superó el bloqueo militar y votó por unanimidad revocar la medida, lo que obligó al gobierno a retirarla.

Yoon Suk-yeol fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024 tras un juicio político, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Enfrentó múltiples juicios penales bajo arresto, siendo el cargo de rebelión el que acarrea la pena más severa.

Aunque fue breve, el decreto fallido de la ley marcial de Yoon desencadenó la crisis política más grave del país en décadas, paralizando la política y la diplomacia de alto nivel y sacudiendo los mercados financieros. El vacío de poder se resolvió cuando Lee Jae-myung ganó las elecciones anticipadas en junio del año pasado.

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Con información de Latinus