San Luis Potosí, SLP. — Luis González Lozano, presidente de "Cambio de Ruta" acusó la imparcialidad e inacción por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí. Señaló que su gestión selectiva, tardada e ineficiente han causado desconfianza en el organismo, por lo que es necesaria la destitución de la actual titular.

Aseguró que la institución se encuentra en una crisis grave y ha dejado de ser un garante de los derechos humanos ante la falta de independencia, imparcialidad y congruencia, así como que no existe un estándar de calidad uniforme ni la misma prontitud para atender todas las quejas, haciendo que la valoración y atención de los casos sea selectiva, como se evidenció en el caso de una recomendación entre un diputado local y el rector de la UASLP, mientras casos como la desaparición forzada toman meses para un pronunciamiento.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido en los últimos tiempos un ente burocrático, pesadísimo, que no está este atendiendo de manera eficiente como lo espera la gente, pues todas las quejas que se le presentan y entonces hay muchas comunidades, hay muchas personas, hay muchos colectivos que nos sentimos de alguna forma traicionados por las obligaciones legales y morales que debe de tener”, comentó.

Existe la exigencia de que el Congreso no coloque a una "persona a modo" del gobierno, sino a alguien verdaderamente autónomo que funcione como un contrapeso real frente al Estado.

González Lozano explicó que la titular ha perdido la confianza de la sociedad, por lo que consideró que la salida de la titular es una obligación ética y moral, ya que actualmente representa un obstáculo y ha perdido la confianza de la sociedad. Además, señaló que la salida de la titular no es suficiente, pues se requiere un plan más completo y profundo para el funcionamiento del organismo.

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“Al no atender correctamente a las víctimas, se está originando una crisis, una crisis de derechos humanos y una crisis de atención a los derechos humanos violados […] Necesitamos una persona titular que tenga una ética pública, que sea empática, diligente, congruente, que trate con respeto a las personas y que le guste la transparencia y rendición de cuentas. Con eso va a ser un gran brinco en defensa de los derechos humanos”, enfatizó.