Una funcionaria activa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y su socio, un abogado de la zona Media, fueron vinculados a proceso bajo la acusación de fraude específico.

Los presuntos manejan una firma inmobiliaria con operaciones en Rioverde y Ciudad Fernández, ambos son señalados por la venta irregular de terrenos que carecen de certeza jurídica.

El caso, radicado bajo el expediente penal RIII/RIO/EXP-423/2025, cobró relevancia tras la denuncia de la señora Verónica "N", quien en abril de 2025 inició acciones legales tras ser víctima de un engaño que comprometió el patrimonio familiar destinado a su jubilación.

De acuerdo con la relatoría de los hechos presentada ante la autoridad judicial, la afectada adquirió un predio ejidal ubicado estratégicamente a un costado del Canal Principal de la Media Luna. El contrato de cesión de derechos estipulaba un valor total de un millón 600 mil pesos.

La estafa se detectó cuando, tras haber liquidado más de la mitad del monto e invertido en mejoras para su futura casa de retiro, los vendedores comenzaron a presentar evasivas respecto al traspaso legal. Una investigación propia de la víctima ante el Comisariado Ejidal y el Registro Agrario Nacional (RAN) reveló la verdad: los imputados no cuentan con registro en el ejido ni título parcelario que los avale como propietarios de los terrenos ofertados.

El abogado defensor de la víctima, Benito Alberto Juárez Hernández, calificó como "lamentable" que una de las personas involucradas ostente un cargo público dedicado precisamente a la protección de las garantías individuales.

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Debido a que se sospecha de la existencia de más víctimas bajo el mismo esquema de la inmobiliaria, el despacho jurídico ha habilitado líneas de asesoría legal gratuita (487 110 79 53 y 487 102 23 90).