El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann se reunió con la dirigencia del Colegio de Mediadores de San Luis Potosí, A.C. En el encuentro participaron la abogada Alejandra Retes Arredondo, presidenta de la asociación, y la mediadora Lorena Chávez, quienes expusieron el panorama operativo que enfrentan los mecanismos de conciliación en el estado frente a la saturación ordinaria de los tribunales. Ambas profesionistas hicieron entrega de un pronunciamiento formal. En él manifiestan su adhesión a la iniciativa que Valladares promovió en San Lázaro a inicios de año, enfocada en fijar la mediación como una etapa prejudicial en asuntos del orden civil y familiar mediante cambios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Valladares destacó el alcance de su intervención y se manifestó respetuoso de las facultades locales: “Nuestro ámbito de trabajo está en el Congreso de la Unión, con las leyes marco. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es respaldo técnico y coordinación. Hay que escuchar a los especialistas que están en campo y sumar con los poderes estatales para que las familias resuelvan sus desacuerdos rápido y sin desgaste”. En ese sentido, Valladares planteó coadyuvar en una mesa de diálogo técnico en la que participen los poderes estatales y el gremio de la abogacía, a fin de abordar tres temas de interés común: la certificación y profesionalización de personas facilitadoras en la entidad, la ampliación de la capacidad instalada de los centros públicos de mecanismos alternativos, y la coordinación de criterios entre la reforma federal y la legislación estatal. El legislador expuso la dimensión del problema que la iniciativa busca atender. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 del INEGI, la materia familiar concentra el 42.6% de la carga de trabajo de los tribunales estatales y la materia civil el 27.2%: casi siete de cada diez asuntos que llegan a los juzgados. Valladares valoró las cifras que reporta el propio Centro Estatal de Mediación y Conciliación, que durante el periodo judicial 2024 recibió 1,065 solicitudes y concluyó 1,020 expedientes, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado. A su juicio, el sistema local cuenta con cimientos sólidos y personal capacitado, por lo que el reto consiste en preparar la infraestructura estatal ante la fecha límite del 1 de abril de 2027, para la entrada en vigor plena del Código Nacional en todo el país.

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“Cuando un gremio profesional busca canales de diálogo, hay que responder. En San Luis Potosí las instituciones funcionan y dan resultados; el objetivo de este acercamiento es simplemente abonar datos y coadyuvar desde la federación para que el servicio público de mediación siga siendo gratuito, digno y accesible para quien lo necesite”, concluyó el representante del Distrito VI.