Con esa canción de su paisano Chico Che, el presidente López Obrador, se divirtió respondiendo al llamado de EU y Canadá a consultas sobre la política energética del gobierno federal por contravenir, según nuestros vecinos, el T-MEC. “Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando”, dice el coro. El asunto es serio. El principal activo de la economía mexicana es el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. De ese intercambio depende un tercio de nuestra economía, millones de empleos de este lado del Río Bravo y la vida económica y social de muchas ciudades. La vida económica y un acuerdo comercial implican derechos y obligaciones. En ese sentido, la controversia tiene que ver con la discordancia en cuáles son los derechos que sí tenemos, y cuáles son las obligaciones que creemos tener y ellos piensan que tenemos. Todo eso deberá ponerse sobre la mesa durante los meses de agosto y septiembre. Habrá tiempo para pasar del chiste a la seriedad, porque en juego estarán miles de millones de dólares y muchos empleos. Para EU, el impacto en sus empresas ronda los 30 mil millones de dólares; para los canadienses 13 mil millones de dólares. El proceso de consulta es una especie de tarjeta de amonestación que pasa por poner sobre la mesa lo que firmamos, lo que creemos que firmamos, y lo que ellos creen que signaron. Ahí se abre el periodo de diálogo y conciliación. ¿Qué pasa si no hay acuerdo, como parece no habrá, porque las posiciones están polarizadas? México, EU y Canadá irán a un panel para dirimir la controversia, una especie de arbitraje en el que expertos determinarán quién tiene razón y a partir de eso van a determinar obligaciones y derechos de las partes. Si México tiene razón, ahí muere la controversia. El acuerdo sigue como hasta ahora, aunque habrá que reparar el desgaste generado. Pero si son nuestros vecinos quienes están en lo cierto, podría sancionarse a nuestro país con algunos aranceles para compensar lo que EU y Canadá consideran como daño a sus empresas. Claro, debe probarse el daño a empresas, inversiones e intereses. Cada gobierno se sentará a la mesa pensando en su tribuna, su calendario electoral y sus grupos de interés. Los estadounidenses y canadienses creen que las decisiones en política energética van en contra del espíritu del Tratado. ¿En qué aspecto? Sobre todo, en el trato preferencial a Pemex y la CFE. Eso, en México, no es ningún secreto. Vaya, es una política de Estado que no parece estar sujeta a negociación. El asunto es si esa determinación contraviene el T-MEC. La discrepancia principal es que México asegura que no se firmó un capítulo energético y por tanto eso estaría afuera. Pero Canadá y Estados Unidos piensan que, si bien el capítulo energético no existe en el Acuerdo, sí hay otros que conllevan obligaciones que aplican a todas las ramas de la economía, incluyendo al sector energético. Hay un capítulo, por ejemplo, que obliga a los países firmantes a no dar trato preferencial a las empresas estatales. Evidentemente en México se da trato preferencial a Pemex y CFE. Hay otro dedicado al acceso al mercado, donde todos los países se comprometen a que todas las empresas puedan competir en sus mercados en equidad de condiciones. En otras palabras, el punto clave estará en si lo firmado en materia económica aplica o no al sector energético mexicano. ¿Quién tendrá la razón? ¿O a quién se la darán? Lo veremos. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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