Una coalición de universidades, sindicatos de maestros y organizaciones estudiantiles presentó una demanda ante una corte federal de Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varios de sus funcionarios, incluido el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. El objetivo es frenar la entrada en vigor de una nueva regla migratoria que limita la estancia de estudiantes internacionales a un máximo de cuatro años, sin importar la duración real de sus programas académicos.

La norma, publicada en el Federal Register, elimina el sistema conocido como duration of status, que permitía a los estudiantes permanecer en el país mientras durara su programa académico o beca, sin una fecha de vencimiento fija. A partir del 15 de septiembre de 2026, cada estudiante tendrá marcada su fecha de salida en el Formulario I-94, lo que modifica de raíz el esquema de visas F-1, J-1 e I.

El cambio afecta a tres grupos principales:

Estudiantes con visa F-1, inscritos en programas académicos completos.

Participantes de programas de intercambio con visa J-1, como investigadores y profesores visitantes.

Representantes de medios extranjeros con visa I, que cubren noticias en territorio estadounidense.

Todos ellos, junto con sus familiares dependientes, estarán sujetos al límite máximo de cuatro años. Quienes necesiten más tiempo, como los doctorados, que duran en promedio 5.7 años— deberán solicitar una extensión ante USCIS mediante el Formulario I-539. Si la solicitud es negada o no se resuelve a tiempo, la alternativa será salir del país y tramitar un nuevo ingreso, algo que antes no era necesario.

Entre los demandantes figuran organizaciones como NAFSA: Association of International Educators, Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, la Association of Independent Colleges and Universities in Massachusetts (AICUM), la American Federation of Teachers (AFT) y su filial Graduate Labor Organization, AFT Local 6516, además de la United Auto Workers (UAW) y The NewsGuild-CWA.

La coalición sostiene que el DHS violó la ley al no justificar adecuadamente la medida y al responder de manera genérica a los casi 22 mil comentarios públicos recibidos, la mayoría en contra. Según la demanda, el costo de cumplimiento será de 443 millones de dólares al año, frente a pérdidas estimadas de entre 72 mil millones y 145 mil millones de dólares en matrículas durante la próxima década.

Una encuesta de NAFSA citada en el documento revela que 49% de los estudiantes internacionales encuestados no se habrían inscrito en programas en Estados Unidos bajo estas condiciones, lo que anticipa un impacto negativo en la captación de talento académico.

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Con información de Excélsior