Más allá de partidos o formulaciones ideológicas, el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum va a tener una tarea difícil: reconstruir la parte mexicana de la relación con Estados Unidos, si es que quiere llevarla más allá de los confines de la necesidad mutua y de los mínimos indispensables. Ciertamente, el tema no corresponde solo a México. El gobierno entrante en Estados Unidos, a partir de enero próximo, deberá por su parte tomar los pasos necesarios para encontrar al gobierno mexicano a medio camino, más allá, por su parte, de las promesas políticas y los disonantes argumentos de campaña. No es incorrecto afirmar que ambos países se necesitan, pero tampoco es asegurar que la relación se encuentra en un momento rocoso, que de prolongarse podría hacer retroceder un siglo la relación bilateral. En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en pausa la relación con la embajada, sino con el gobierno de los Estados Unidos, a raíz de las opiniones vertidas por el Embajador Ken Salazar, en torno a la reforma judicial, promovida por el propio López Obrador. Para más, se registró el incidente en que el narcotraficante Ismael “Mayo“ Zambada fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos por el cartel de los “Chapitos“, a cambio aparentemente de algunas consideraciones para con sus familiares detenidos. El gobierno mexicano se ha quejado de intromisión indebida y el propio mandatario responsabilizó a esa presunta intervención estadounidense de la violencia que azotó Culiacán las últimas semanas. Los señalamientos del presidente López Obrador han tenido una respuesta institucional por parte del gobierno estadounidense, que se encuentra en pleno periodo electoral y en una situación de incertidumbre política sin precedente en varias décadas. Pero quedan en el registro. Y de hecho, la reforma judicial es vista en Estados Unidos, extraoficialmente, como una violación del espíritu, si no de la letra, del tratado de comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a ser revisado en 2026. Para algunos analistas, tanto Estados Unidos como Canadá creen que esa reforma busca mantener aparte determinados sectores de la economía mexicana en detrimento de los inversores de esos países, y abre la puerta a una renegociación que se antoja difícil. Desde el punto de vista mexicano, se trata de una manifestación del derecho soberano, y de rechazo a la injerencia extranjera. Lo cierto es que los puntos de vista parecen antagónicos, política e ideológicamente. A todo esto, se agrega una dimensión geopolítica en la que los Estados Unidos ven con desconfianza la buena relación comercial de México con China -desventajosa para México- y en alguna medida, la presencia rusa en México. En juego, en todo caso, se encuentra una relación en la que México depende en buena medida de un masivo comercio con Estados Unidos y Canadá. Para los Estados Unidos, compromete su estrategia de consolidar regionalmente procesos de producción y de comercio que faciliten su propio crecimiento. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

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