El cobro de 42 dólares por pasajero a los cruceristas internacionales, aprobado por la Cámara de Diputados, como parte de la Ley Federal de Derechos 2025, coloca a México en una posición complicada dentro del turismo marítimo internacional. Este aumento, que eleva los costos para ingresar a puertos mexicanos a 213 por ciento más que el promedio de otros destinos del Caribe, convierte a nuestro país en el más caro para turistas de cruceros en América Latina. Este cambio ha generado preocupación entre las principales navieras, y es en este contexto que tuve la oportunidad de conversar con Michele Paige, presidenta de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), quien señaló que esta medida afecta gravemente la competitividad de México como destino. Durante nuestra conversación, Page me explicó que este impuesto amenaza la llegada de más de 10 millones de pasajeros y tres mil 300 escalas proyectadas para 2025. La industria de cruceros ha sido un motor económico clave, generando aproximadamente mil millones de dólares en ingresos directos anuales, más de 20 mil empleos y 200 millones de dólares en salarios. Además, en estados como Quintana Roo, el turismo de cruceros representa 42 por ciento del PIB. Sin embargo, con este incremento, los costos para atracar en México alcanzarían hasta 70.85 dólares por pasajero, en comparación con los 24 dólares que se cobran en las Islas Caimán o los 16 dólares en San Tomás, en las Islas Vírgenes. Esta diferencia, según Page, podría desviar itinerarios hacia destinos más competitivos, afectando también el promedio de 100 dólares que cada pasajero gasta en las comunidades visitadas y los 50 dólares adicionales por miembro de la tripulación. La presidenta de la FCCA destacó que esta medida no sólo afecta a las operaciones inmediatas, sino que pone en riesgo proyectos estratégicos como los 600 millones de dólares que Royal Caribbean planea invertir en Majahual, así como los esfuerzos para reconstruir Acapulco tras desastres naturales. Page recordó que la industria de cruceros ha demostrado ser un aliado estratégico para México, enviando barcos cargados de suministros tras el huracán que devastó Acapulco y colaborando con autoridades locales para fomentar la seguridad y atraer más turistas. A pesar de este historial de colaboración, las 24 líneas de cruceros que representa la FCCA evalúan alternativas que podrían derivar en una disminución drástica de escalas y pasajeros en puertos mexicanos. Esto no sólo significaría pérdidas económicas millonarias, sino también afectaciones severas para las comunidades costeras que dependen de esta industria. En este contexto, la falta de diálogo y la premura en la implementación del impuesto plantean preguntas críticas sobre la capacidad de México para mantener su atractivo como destino competitivo. La pregunta que queda es si el gobierno está dispuesto a atender estas preocupaciones y reconocer el valor estratégico de la industria de cruceros. POR JAIME NÚÑEZ  

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