Los 41 cargos enumerados en Georgia van desde hacer declaraciones falsas, solicitar a funcionarios públicos que violen sus juramentos, entre otros A lo largo de su carrera, el ahora expresidente Donad Trump se ha visto involucrado en más de cuatro mil juicios, principalmente vinculados con sus actividades en bienes raíces. Y en muchos ha gritado, denunciado, acusado, tratado de presentarse como víctima, buscado postergaciones y llegado a arreglos extrajudiciales. Pero probablemente muy pocos de ellos han sido a partir de una acusación que, de hecho, lo acusa de delincuencia organizada, en base a sus esfuerzos y los de sus aliados para tratar de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en el estado de Georgia. Trump y sus aliados afirman, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones. Pero según las acusaciones, en el marco de sus maniobras por evitar el cambio de presidentes y subvertir el sistema, cometieron una serie de delitos. En la ya cuarta ronda de cargos judiciales, un Gran Jurado determinó acusar a Trump y 18 de sus asociados por los que hicieron o trataron de hacer para convencer o presionar a funcionarios estatales, o incluso falsificar procedimientos, para dar la vuelta a los resultados de la votación en Georgia. La elección presidencial estadounidense es en realidad el resultado de comicios en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, donde se vota por electores que a su vez sufragan por el candidato que obtuvo la mayoría en su entidad. Los 41 cargos enumerados en Georgia van desde hacer declaraciones falsas, solicitar a funcionarios públicos que violen sus juramentos, falsificación, influenciar a los testigos, robo de computadoras y perjurio. Todo ello, bajo un estatuto estatal usado normalmente para plantear acusaciones contra miembros del crimen organizado. Algunos analistas consideran que el caso estaba cubierto ya por el fiscal federal Jack Smith en las acusaciones presentadas en dos procesos previos, especialmente en relación con las acciones que llevaron a la asonada del 6 de enero de 2021, cuando una muchedumbre de partidarios de Trump se apoderó a la fuerza del edificio del Capitolio para tratar de evitar que el Congreso certificara los resultados de la elección. Trump y sus aliados denuncian ahora que son objeto de persecución por un gobierno que, según aseguran, utiliza los procesos judiciales como arma política. Ese es un argumento que resuena entre un sector de la población blanca estadounidense, especialmente de clase media baja o baja. Pero está por verse si ese aparente respaldo popular a Trump va a perdurar los próximos meses, especialmente cuando comiencen los diferentes juicios que expondrán bajo luces acusatorias las pruebas acumuladas contra el exmandatario y sus abogados. Y peor aún, ante la aparente indignación de que la clase política estadounidense quiere retribuir a Trump y sus asociados por tratar de mantenerse en el poder a toda costa y usar incluso la amenaza de violencia a pesar de la evidencia de su derrota. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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