Ante la ola de violencia que azota a Zacatecas, Geovanna Bañuelos, senadora del PT por Zacatecas, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) un informe pormenorizado sobre la situación que guardan los registros de personas fallecidas y no identificadas que han sido inhumadas en la entidad hasta octubre de 2023, así como el número de personas que han sido identificadas y las acciones que realiza para la preservación y correcta identificación de los cuerpos y restos humanos. Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también pidió al Centro Nacional de Identificación Humana contribuir y apoyar a la FGJE en Zacatecas ante la gran cantidad de cuerpos y restos sin identificar que han sido localizados en la entidad, para que sean entregados a sus familiares a la brevedad. Geovanna Bañuelos señaló que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022, las instituciones de seguridad pública estatales sumaron 18 mil 28 reportes de personas desaparecidas y 12 mil 139 de personas no localizadas, lo que representó un aumento el 171.1% con respecto al 2021. A esta problemática, la legisladora por Zacatecas advirtió que se suma la no identificación de cuerpos y restos humanos, una crisis por la que están atravesando los centros forenses, ya que actualmente mantienen en sus instalaciones más de 49 mil miles de cadáveres y restos humanos sin identificar. “Zacatecas no es la excepción, pues derivado de la espiral de violencia que ha azotado a la entidad, suman 509 muertos que se encuentran sin identificar. Sus cajas y tumbas son reconocidas con un número de serie y año que permite identificar el cadáver y el panteón forense donde fueron enterrados perpetuamente”, detalló. Además, las morgues del estado resguardan otros 382 cadáveres y restos óseos que próximamente pueden ser inhumados, una vez que concluyan los estudios científicos que permitan su futura identificación. “Estas cifras son registros desde 2015, toda vez que las propias autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas admiten que antes de esa fecha no se cuenta con registros confiables de las cifras ni del destino final de los cadáveres, debido a que las inhumaciones eran en los panteones municipales, mezclados con las demás tumbas, donde estaban de manera temporal. Posteriormente los restos eran sacados y enviados a una fosa común, pero no se encuentran los registros”, aclaró. Geovanna Bañuelos subrayó que los datos muestran que la situación es alarmante, en 2015 fueron inhumados 18 cuerpos; en 2016 aumentó a 68; en 2019 se mantuvo en 65, pero en 2020 se duplicó a 134 cadáveres y en 2022 bajó a 67. Sin embargo, en este 2023 el aumento fue notorio, ya que solamente el 29 y 30 de septiembre se inhumaron 88 cadáveres (81 hombres y siete mujeres). “Debemos dimensionar la tragedia que representa la no identificación de cuerpos y restos humanos. La identificación permite a las familias dar un entierro apropiado a sus seres queridos y comenzar el proceso de duelo. Además, la identificación de cuerpos o restos humanos puede ayudar a identificar a los responsables de su muerte y llevarlos ante la justicia”, enfatizó Geovanna Bañuelos. Por ello, declaró que es menester generar mecanismos que permitan una perspectiva integral de la realidad actual. “Se debe luchar no sólo contra la desaparición forzada de personas, sino contra la impunidad y contra el olvido. Se deben redoblar los esfuerzos en todos los niveles de gobierno, para atender de manera pronta, eficaz y con una perspectiva de derechos humanos los casos de desaparición”. Por último, dijo que en el GPPT se sabe que la identificación de cuerpos y restos humanos es un proceso complejo y desafiante, pero es fundamental para garantizar el derecho de las familias a saber qué pasó con sus seres queridos.