El diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca elevar el derecho a un medio ambiente sano a un rango prohibitivo contra prácticas extractivas de alto impacto, con una dedicatoria clara: el fracking. La propuesta pretende modificar el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, trasladando la protección ambiental del plano meramente administrativo al constitucional. De aprobarse, el derecho ambiental operaría como un criterio de exclusión fulminante para cualquier proyecto que amenace con generar daños irreparables al equilibrio ecológico potosino. La iniciativa pone especial énfasis en la técnica de fracturación hidráulica (fracking), citándola como una práctica incompatible con la sostenibilidad del estado. Entre los argumentos técnicos presentados para sustentar la prohibición, destacan: A diferencia de las leyes secundarias que regulan permisos, esta reforma busca que la propia Constitución local prohíba de tajo cualquier actividad extractiva que dañe de forma irremediable el entorno natural. Esto daría a las comunidades y al Estado herramientas jurídicas más sólidas para combatir proyectos industriales de gran escala que comprometan el futuro del agua y el suelo en regiones como la Huasteca o el Altiplano. "Buscamos que la protección de nuestra tierra no dependa de la voluntad administrativa de turno, sino que sea un mandato constitucional inamovible", refiere el espíritu de la propuesta. La propuesta de reforma fue turnada para su estudio y dictaminación a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente. Su aprobación requeriría una mayoría calificada en el Congreso local, al tratarse de un ajuste a la Carta Magna del estado. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H