La crisis del maíz y la toma del aeropuerto de Culiacán por parte de agricultores sinaloenses exhibió la semana pasada la incongruencia en la que han operado por décadas gobierno, agricultores, campesinos y otros actores políticos respecto de las políticas públicas que se deben instrumentar en el campo. ¿Cuál es la incongruencia? Que este país no opera con mecanismos de mercado, y, cuando lo hace, disgustan algunos resultados y surge el conflicto, como ahora que han bajado los precios por tonelada.  El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el jueves que los precios de garantía fueron elevados el año pasado para garantizar un pago justo a los productores pequeños. No obstante, el precio por tonelada ya bajó y el gobierno decidió mantener esos precios. ¿Por qué lo hizo? No hay razón alguna para mantener precios elevados si el mercado cambió. Esto genera dos valores: el precio al que se compra el producto en el mercado mexicano (alrededor de cinco mil pesos), que obedece a los niveles internacionales; y el precio de garantía que el gobierno paga a los pequeños productores (casi siete mil pesos).  Cuando hay dos precios en el mercado se genera arbitraje, descontento y se abren mercados paralelos. De ahí las protestas. El gobierno sostiene que debe mantener ese precio a los pequeños productores porque es más justo. El Presidente también dijo que hay dos empresas que controlan monopólicamente este mercado.  Pero esta es una visión distorsionada.  Calificar con el término justo a un precio, que se mueve conforme a oferta y demanda, es un gran riesgo para cualquier gobierno: si sube mucho al gobierno no le alcanzaría el dinero para garantizar subsidios suficientes para tantos productores pequeños. Y, por el contrario, si baja dramáticamente se genera un problema como el actual, con productores de gran escala hartos de que a ellos se les pague menos que a los campesinos, quienes reciben 40 por ciento más de dinero gracias a la subvención. Por eso los gobiernos que subsidian siempre experimentan problemas.   Sería más inteligente utilizar mecanismos de mercado (como las coberturas que solía haber antes) para mitigar los riesgos de las variaciones en el precio. Pero este gobierno las eliminó y ahora acusa a empresas como Gruma, Minsa y Cargill de ser las “culpables” de esta problemática. Lo hace porque es más fácil culpar a algunas empresas grandes, en lugar de reconocer que la política de subvenciones selectivas es errónea.  NISSAN  La empresa japonesa celebró la producción de su unidad 15 millones, que fue un Kicks producido en la planta de Aguascalientes 1. La empresa dijo que se ha reposicionado como la mayor productora de vehículos en México. Su modelo Nissan Versa tiene 30.9 por ciento de participación de mercado, mientras el March alcanza 44.8 por ciento en su categoría. POR CARLOS MOTA

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