Dos semanas después de que 10 mineros quedaran atrapados bajo tierra y agua en una mina de Sabinas, del estado de Coahuila, familiares de los trabajadores siguen en la incertidumbre, mientras las autoridades mexicanas solicitan ayuda técnica a Estados Unidos y Alemania para avanzar en su misión de rescate. Las causas del colapso, que sorprendió a todo el pueblo de Agujita el pasado 3 de agosto, aún no son claras pero los familiares descartan iniciar acciones contra posibles responsables por alguna negligencia, aunque no reciban algún remedio económico, ante la carencia de prestaciones laborales, consideró Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral.

“El tema particular de los mineros, en general, es una situación lamentable porque lo que priva es el trabajo informal, pero sobre todo en la zona norte de Sabinas, donde se concentra la explotación de carbón”, comentó. Dijo que la mayor desventaja se observa en los mineros que laboran “en los llamados pocitos, en donde trabajan, la mayor parte de ellos, sin un contrato por escrito y sin que haya seguridad social”. Sin pensión ni seguros de vida Fuentes señaló que la mayoría de los mineros en México no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que carecen de documentos que acrediten su legal derecho a una pensión para sus familias por deceso en el trabajo, además no contratan ningún seguro de vida o de gastos mayores por cuenta propia. “Realmente la situación para las familias es una total desventaja porque la Ley del Seguro Social establece que a las viudas les toca el 40 por ciento del 70 por ciento de su salario y esto representa como un 28 por ciento del salario del trabajador”, explicó. Detalló que el salario mínimo general diario se encuentra en 172.87 pesos, el cual se reduciría a 121 pesos si se toma el 70 por ciento del salario del minero, y de los cuales solo 48.40 pesos le corresponderían a la viuda del finado trabajador si está inscrito en el Seguro Social. Aunque mencionó que el salario que perciben los trabajadores puede alcanzar hasta 6 mil pesos mensuales. Sin embargo, señaló que las leyes mexicanas condicionan que para que las familias reciban una pensión, el trabajador debió estar registrado con al menos tres años de antigüedad, lo cual no es muy común. Tiempos largos y gastos altos Fuentes consideró que los familiares deben buscar toda la documentación que acredite su trabajo en las minas para poder exigir remediación del daño en un juicio, ya sea por un accidente en el trabajo o por alguna presunta negligencia, aunque comentó que los gastos judiciales, de al menos tres años, no son sostenibles tan fácilmente. Además los centros de conciliación más cercanos a los familiares para presentar un juicio se encuentran a por lo menos cinco horas de distancia del derrumbe y para lo cual gastarían hasta 500 pesos por viaje. “La posición que debe guardar el Estado mexicano es de clausurar estos centros de trabajo, porque finalmente es evidente que ante una cuestión de naturaleza (como un derrumbe), es manifiesta la gran desventaja que tiene el trabajador al estar laborando en esos sitios”, agregó. Advertencia sin engaño Fuentes recordó que el 18 de febrero pasado, acudió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presentar una queja, de la mano de Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, que representa a víctimas del accidente que dejó más de 60 fallecidos en esa mina en 2006. En el oficio se denunció la falta de inspecciones laborales en las minas mexicanas y la omisión de las autoridades mexicanas para asignar contratos de carbón por parte de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún con denuncias laborales de por medio. Fuentes comentó que se tomó como base el derrumbe de la mina del municipio de Múzquiz, en Rancherías, del norteño estado de Coahuila, de junio de 2021, y por el cual fallecieron cuatro mineros mexicanos. “Se señaló que había una pared de una mina que fue abandonada hace más de 50 años, y a consecuencia de eso, la mina estaba inundada, se desbordó y terminó colapsando, que es en la misma historia de lo que ocurrió aquí (en Sabinas hace dos semanas)”, relató. Auerbach acusó que “la CFE entrega los contratos sin pedir la revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Hemos insistido una y otra vez que no es la manera de hacerlo”. La activista dijo que la queja fue admitida hace poco más de un mes y el Gobierno de México tiene hasta el próximo 8 de agosto para responder y que la OIT tome en consideración a todas las partes interesadas y emita su recomendación. --

Con información de López-Dóriga Digital