En sesión de la Diputación Permanente, las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, propusieron una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la cual se pretende incorporar el derecho humano de todas las personas desaparecidas a ser buscadas, cuando el acto derive de una desaparición cometida por particulares; y estableciendo una garantía jurisdiccional de control constitucional para la protección de dicho derecho. El diputado David Martínez Mendizábal detalló que las desapariciones cometidas por actores privados, como en el caso de los grupos del crimen organizado, se han hecho presentes con mayor fuerza en los últimos años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en este sexenio estatal se ha registrado 475% más incidencia de este tipo de desapariciones en comparación con desapariciones forzadas. “La desaparición de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos por su carácter pluriofensivo al lesionar distintos derechos como la libertad, la integridad personal, el igual reconocimiento ante la ley, la prohibición de la tortura, y la vida; por el carácter permanente de la violación que se prolonga hasta que se establezca el destino o paradero de la víctima; y por la afectación que genera en los familiares de las personas desparecidas”, argumentó el congresista. Destacó que por esto proponían la inclusión en la Constitución Local del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, reconociéndolo como derecho humano, traducido en la expectativa de que las autoridades realizarán las acciones pertinentes y de forma inmediata para su localización, con el propósito de preservar la pluralidad de derechos que se ven afectados, así como prevenir, investigar y reparar las violaciones a dichos derechos. Martínez Mendizábal mencionó que buscaban que, de la mano del reconocimiento del derecho humano a ser buscada, una garantía jurisdiccional consistente en el juicio para la protección del derecho a ser buscada, tomando en cuenta varios elementos básicos. Entre ellos, citó que procedería contra desapariciones cometidas por particulares; se podría presentar por cualquier persona y a través de medios electrónicos, sin exigir la comparecencia o ratificación de la demanda por la víctima; se le otorgaría la atribución a la persona juzgadora para que dentro de 8 horas se pueda ordenar a todas las autoridades practiquen diligencias para buscar a la persona desaparecida; la atribución de ordenar a las autoridades que investiguen de inmediato la desaparición, supervisando su trabajo; y dictar una sentencia de fondo con efectos reparadores. “Si bien es cierto que la desaparición ha experimentado una evolución normativa, uno de los desafíos vigentes consiste en perfeccionar la búsqueda de las personas que han desaparecido”, finalizó. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.