La coalición de mujeres, madres, defensoras y ciudadanas de Querétaro hicieron un llamado a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado y a los tres poderes del estado para atender fallas en el sistema de justicia familiar, en respuesta a las exigencias de un colectivo de hombres que solicitó la creación de una fiscalía especializada.  Las participantes señalaron que las propuestas de ese colectivo se basan en la idea de que existen denuncias falsas contra hombres, lo cual rechazaron al argumentar que no corresponde con datos oficiales. Indicaron que el objetivo de su pronunciamiento es centrar la discusión en la protección de víctimas, principalmente niñas, niños y adolescentes, así como en el acceso efectivo a la justicia y no en polarizar discursos.  Denunciaron prácticas como dilación procesal, falta de medidas cautelares, resoluciones sin análisis de contexto y revictimización en audiencias dentro de los juzgados familiares. También expusieron que el 88% de las víctimas reportaron que sus agresores iniciaron procesos legales en su contra, mientras que el 71% manifestó haber sufrido violencia institucional. Asimismo, indicaron que el 82% de los casos incluye negativa en el pago de pensión alimentaria, lo que impacta directamente en las condiciones de vida de niñas y niños. Expresaron preocupación por el uso de niños en conflictos con violencia, la sustracción de menores, la manipulación emocional, el incumplimiento alimentario y las convivencias forzadas sin análisis de riesgo. Informaron que en Querétaro, al 9 de abril de 2026, se reportaron 208 altas de deudores alimentarios, de los cuales 201 son hombres y solo 7 mujeres, a lo que únicamente 6 personas regularizaron su situación. Presentaron 11 propuestas a los tres poderes del Estado de Querétaro, en el que solicitan la elaboración de un diagnóstico independiente del sistema de justicia familiar, la implementación de protocolos con perspectiva de género e infancia, así como la capacitación del personal judicial. También propusieron fortalecer el registro de deudores alimentarios, establecer mecanismos contra el litigio abusivo y garantizar atención integral a víctimas. Además, pidieron revisar el funcionamiento de los centros de convivencia familiar, al señalar deficiencias en su operación.