El cerco judicial sobre la cúpula política de Sinaloa se estrecha en territorio estadounidense, tras la reciente detención de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública, se confirmó que el extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó voluntariamente a las autoridades en la ciudad de Nueva York.

La noticia fue difundida por el periodista Carlos Loret de Mola, quien señaló que con esta entrega, el Departamento de Justicia de Estados Unidos posee ahora información clave de las dos áreas más sensibles de la administración estatal: la operativa y la financiera. "Ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada", sentenció el comunicador. Acusaciones de alto nivel por nexos con el crimen

Este movimiento jurídico es el resultado de una investigación formal presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de EE. UU. En dicho expediente, se acusa a una decena de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de posibles vínculos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo.

Entre los nombres señalados en la investigación federal destacan figuras de primer nivel en la política estatal y nacional:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázares, senador de la República.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

La lista de acusados por las autoridades estadounidenses evidencia una presunta infiltración en las instituciones de procuración de justicia y seguridad del estado. Además de Díaz Vega y Mérida Sánchez, la acusación incluye a:

Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la FGE.

Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación (PDI).

José Antonio Dionisio Hipólito, elemento de la Policía Estatal.

Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la policía de la capital sinaloense.