Colectivos ciclistas y activistas sociales realizaron una demanda de amparo contra el ayuntamiento de León debido a que más del 76% del presupuesto de movilidad son destinados en obras y acciones que favorecen a los automovilistas y no es congruente con la ley general de movilidad y seguridad vial que impera a nivel nacional y que en teoría debería favorecer a los peatones, ciclistas y transporte público por encima de autos particulares De acuerdo con el activista, Benjamin González Millán, de Planteta B, la Ocde (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) recomenda que, por cada peso invertido a vialidad para el coche, 2 deben ser invertidos para el transporte público respetando siempre que el 20% del presupuesto vaya a vialidad nootorizada y peatones. León está lejos de algo así pues expusieron que el presupuesto actual para este año está desarrollando de esta manera: 315 millones van para el transporte particular, 81 millones para el público, 9 para ciclistas y solo 6 millones de pesos para peatones. Por su parte, el Imco (Instituto Mexicano para la competitividad) estima que el recurso debe ser en proporción al porcentaje de personas que se mueven en cada ciertos vehículos. En ese entendido, en León por ejemplo solo el 30% de la población se transporta en vehículos particulares mientras que los demás lo hacen en el transporte público y en menos medida en bicicletas o son peatones. El activista Juan Pablo Delgado explicó que con este amparo se busca restituir metas en el programa de gobierno que no contribuyen a una movilidad sustentable además de que se reestructure el presupuesto para hacerloas equitativo. En cuanto a las metas explicó que se redujeron estos objetivos en el programa de gobierno, por ejemplo se redujeron paraderos del SIT y también estaba considerados 2 polígonos para bici pública y solo dejaron uno