El robo al transporte en carreteras federales se mantiene como uno de los principales desafíos de seguridad para México y representa un riesgo directo tanto para las cadenas logísticas como para la actividad turística, así lo señaló Javier Robles, country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

Para Así las Cosas, explicó que, ante el evento futbolístico internacional programado para junio, se esperaría una mayor contención de actividades delictivas derivada de las nuevas facultades otorgadas a la Guardia Nacional; estas atribuciones, detalló, contemplan un control amplio sobre carreteras federales, mayores capacidades en materia de supervisión vehicular, sanciones, revisiones y peritajes relacionados con la movilidad en vías federales.

Asimismo, destacó la implementación del denominado Plan Kukulcán, estrategia orientada a reforzar la seguridad en carreteras no sólo para el transporte de carga. - uno de los sectores más afectados por la delincuencia-, sino también para automovilistas particulares.

Según explicó, los delitos en carretera han evolucionado hacia modalidades más agresivas, donde además del despojo de vehículos y pertenencias, delincuentes obligan a víctimas a entregar tarjetas bancarias o realizar transferencias para vaciar cuentas personales.

En este contexto, sostuvo que el Plan Kukulcán busca fortalecer las condiciones de seguridad de cara a la próxima justa futbolística, tanto para turistas como para ciudadanos mexicanos.

Por otra parte, advirtió que el panorama también incorpora desafíos sociales y políticos, debido a que distintos grupos con demandas históricas, entre ellos colectivos de madres buscadoras y sectores magisteriales vinculados con la CNTE, han anticipado movilizaciones y protestas. Ante ello, Javier Robles subrayó que estas expresiones deberán atenderse adecuadamente, particularmente por el impacto que podrían tener sobre la imagen internacional del país en un contexto de alta afluencia turística.

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Finalmente, destacó que existe aparente disposición de los tres órdenes de gobierno -municipal, estatal y federal- para coordinar acciones que permitan reforzar la seguridad y garantizar el desarrollo adecuado de los eventos deportivos, especialmente en las ciudades que fungirán como sedes mundialistas.