La medida de revisión a antecedentes de candidatos que implementará el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de 2027 podría presentar debilidades que ponen en duda su utilidad: Marco Iván Vargas, experto en temas electorales, manifestó que este mecanismo se muestra endeble y con una utilidad limitada, pues la información será desigual, imperfecta y con la responsabilidad trasladada a los partidos políticos sobre si deciden mantener a sus candidatos o no. Además, la información de inteligencia no judicializada no será pública, impidiendo que la ciudadanía conozca los hallazgos.

El mecanismo presenta características limitadas que ponen en cuestionamiento su funcionalidad: se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos, y será necesario el consentimiento de los candidatos para ser investigados. Además, Vargas enfatizó en que la información obtenida -especialmente la de inteligencia que no está judicializada- es confidencial y no se hará pública. Por lo tanto, los ciudadanos no conocerán los resultados de las investigaciones ni los datos reportados, lo que podría generar una falsa percepción de seguridad.

Vargas manifestó que las afectaciones a los derechos político-electorales de los aspirantes dentro de este mecanismo de verificación no solo mediante el uso de información no judicializada, sino a través de la posibilidad de impugnaciones por los afectados ante la inclusión de datos sin consentimiento o las mismas denuncias sin un sustento judicial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Las investigaciones no serán realizadas directamente por el INE, sino por diferentes instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, el SAT, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.