El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El abogado se dice un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. "Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación", indicó durante la sesión.

Los legisladores elegirán funcionarios interinos para cada cargo mientras se eligen los reemplazos permanentes, indicó el jefe de la asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.

Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada "Revolución Bolivariana" y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

Saab, un abogado de 63 años y que ocupaba la jefatura del Ministerio Público desde 2017, es una controversial figura que insistía en que en Venezuela no existen presos políticos.

Escritor de poemarios y muy tatuado, Saab dijo a Reuters este mes que espera que una ley de amnistía aprobada la semana pasada por los diputados garantice un país "100% pacificado". Su extenso mandato ha sido descrito por algunos activistas de derechos humanos en como uno de los más oscuros en la historia judicial del país miembro sudamericano.

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Con información de Excélsior