El sector inmobiliario potosino manifestó su preocupación ante la reciente iniciativa presentada en el Congreso del Estado, la cual busca imponer un límite a los precios de arrendamiento para que sus incrementos anuales no superen la tasa de inflación. Neil Castro Ortega, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), advirtió que la industria enfrentaría severas dificultades para adaptarse a una normativa de este tipo, señalando que la medida ignora la complejidad de los costos operativos que sostienen el mercado de rentas en la entidad. Para la AMPI, un tope basado únicamente en la inflación resulta inviable debido a que muchos contratos de arrendamiento, especialmente en sectores modernos y de alta plusvalía, incluyen servicios que fluctúan de manera independiente, vivienda amueblada, que incluya servicios de internet, gas natural, agua y electricidad. La plusvalía incluye factores de ubicación y demanda específica que no siempre están anclados al índice inflacionario.

"Hay diversos elementos que deben ser considerados antes de avalar una propuesta de esta magnitud. No es lo mismo rentar un local básico que un departamento que ofrece un ecosistema de servicios integrados", explicó el líder inmobiliario. Castro Ortega subrayó que, a diferencia de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, donde los precios han alcanzado niveles alarmantes, San Luis Potosí mantiene un mercado regulado de forma natural por la oferta y la demanda. El dirigente confía en que el Poder Legislativo abra canales de diálogo y mesas de trabajo para que los expertos en el área puedan aportar su visión técnica antes de que la propuesta sea dictaminada. La AMPI insiste en que una sobrerregulación podría desincentivar la inversión en vivienda de alquiler y frenar el desarrollo urbano en la capital.

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