Las iniciativas federales relacionadas con candidaturas de riesgo y posible injerencia extranjera en elecciones podrían representar más una simulación política que una solución real a los problemas de la democracia mexicana, así lo señaló Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral. El especialista en temas electorales explicó para Así las Cosas que uno de los temas centrales corresponde a la propuesta para otorgar al Instituto Nacional Electoral facultades orientadas a garantizar la probidad de las candidaturas. Ante ello, indicó que el propio organismo electoral ha reconocido no contar ni con las capacidades operativas ni con las herramientas jurídicas necesarias para asumir esa responsabilidad. En consecuencia, subrayó que la infiltración del crimen organizado en candidaturas, gobiernos y estructuras políticas representa uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana en los últimos años. Sin embargo, consideró que la iniciativa no parece diseñada realmente para combatir ese fenómeno, sino para enviar una señal hacia Estados Unidos sobre acciones en materia de seguridad, particularmente después de señalamientos relacionados con el caso de Rubén Rocha Moya. Asimismo, Arturo Espinosa puntualizó que la propuesta plantea que el INE instale consejerías encargadas de revisar perfiles de candidaturas; posteriormente, el organismo tendría que solicitar información a instituciones con capacidades de inteligencia, seguridad y fiscalización financiera, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. No obstante, recordó que el INE ya requirió información similar a dichas instancias durante 2024 y, según afirmó, nunca obtuvo respuesta. Por lo anterior, el especialista cuestionó si ahora esas instituciones realmente compartirían información y bajo qué criterios de confiabilidad se determinaría el nivel de riesgo de cada candidatura. Una vez emitidas esas evaluaciones, añadió, correspondería a los partidos políticos decidir si mantienen o retiran postulaciones. Por otra parte, abordó la iniciativa relacionada con la nulidad electoral por intervención extranjera, la cual, explicó, surge ante escenarios hipotéticos de influencia política desde el exterior, como llamados de actores extranjeros a votar o no votar por determinadas fuerzas políticas. Por ello, recordó que la injerencia internacional en procesos electorales no constituye un fenómeno nuevo y citó antecedentes como el caso de Cambridge Analytica en 2016, relacionado con campañas de desinformación y manipulación digital en Estados Unidos.

Pese a ello, Silis advirtió que la propuesta deja abierta una interrogante fundamental al no definir con precisión qué debe entenderse por “intervención extranjera”. Bajo esa lógica, planteó dudas sobre si podrían considerarse dentro de esa categoría publicaciones periodísticas internacionales, posicionamientos de organismos de observación electoral como la Organización de los Estados Americanos o incluso decisiones económicas de calificadoras internacionales con potencial impacto político.

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Finalmente, sostuvo que ambas iniciativas podrían convertirse en herramientas de protección política y en mecanismos para alterar reglas institucionales en favor del oficialismo y por ello, afirmó, existe el riesgo de construir condiciones que permitan disputar fuera de las urnas resultados adversos en las urnas, lo cual erosionaría la democracia mexicana y profundizaría un proceso de retroceso democrático.