La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar perfiles de candidatos busca atender un problema real dentro de la democracia mexicana, aunque también podría generar riesgos institucionales y políticos; así lo señaló Marco Iván Vargas, especialista electoral y coordinador de 'México Evalúa'. El especialista sostuvo que desde hace años se ha documentado cómo la democracia mexicana ha sido utilizada como vía de acceso para que grupos criminales ingresen formalmente al poder, fenómeno que calificó como un problema urgente de atender. En este sentido, consideró positivo que el gobierno federal busque intervenir en el tema; sin embargo, advirtió que las herramientas planteadas podrían no ser las adecuadas si el objetivo consiste en desmantelar organizaciones criminales. Por consiguiente, explicó que una de las principales implicaciones de la propuesta consiste en involucrar a instituciones de seguridad, procuración de justicia e incluso organismos financieros dentro de procesos con posibles efectos político-electorales. “Si bien es cierto que la propuesta aclara que instituciones no vetarán candidaturas ni sustituirán autoridades electorales, sí les da un nuevo papel”, particularmente, el de generar información sobre quién compite y quién no, situación que, indicó, podría alterar gradualmente el equilibrio institucional y ampliar la injerencia de organismos de seguridad en la dinámica política. Asimismo, afirmó que esta reforma y la propuesta relacionada con nulidad electoral por injerencia extranjera parecen responder a presiones de Estados Unidos en materia de seguridad, más que a una lógica orientada al fortalecimiento democrático. Por otra parte, subrayó que el perfil de las candidaturas sí importa, aunque insistió en que dicha revisión corresponde principalmente a los partidos políticos y a sus procesos internos, por lo que advirtió que frente a la capacidad operativa del crimen organizado, la reforma apenas “hará cosquillas”, debido a que durante las jornadas electorales persisten prácticas como el levantamiento de candidatos, el control territorial o la intervención en casillas. Además, señaló que la propuesta no establece con claridad quién asumiría responsabilidades en los casos donde se detecten posibles vínculos criminales de aspirantes, mientras que el Instituto Nacional Electoral ya enfrenta condiciones de saturación operativa y limitaciones presupuestales. Como ejemplo, recordó que solamente en San Luis Potosí participaron más de siete mil candidaturas en procesos recientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente, consideró que el problema de origen radica en la confusión de competencias institucionales: el INE debe organizar elecciones y contar votos; las instituciones de seguridad, prevenir y sancionar delitos; y los partidos políticos, establecer mecanismos de selección y evaluación de perfiles. Aunque reconoció la importancia del intercambio de información entre organismos, sostuvo que ello no debe justificar el cruce de límites entre funciones institucionales.