La magistrada y titular del Poder Judicial del Estado (PJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, admitió que el tema del rezago en el pago de prestaciones y jubilaciones pendientes de la administración anterior aún no ha podido ser revisado a fondo por falta de tiempo. Señaló que se trata de una gestión que compete al órgano de administración del PJE y no directamente al sistema jurisdiccional, y que por ahora otros asuntos han requerido una atención más inmediata, por lo que el tema quedó pendiente al cierre de 2025. Zarazúa adelantó que el asunto será discutido durante la primera sesión del año, cuando el Pleno y el órgano de administración puedan abordar de manera integral los pagos pendientes y posibles soluciones. No detalló ni el monto exacto de los adeudos ni el número de jubilados afectados, pero reconoció que existe un “rezago de asuntos pendientes” que se proyecta continuar atendiendo en 2026. La situación de los jubilados del PJE no es aislada en la entidad. A lo largo del 2024 y 2025, un grupo de trabajadores retirados del tribunal se manifestó en la Ciudad Judicial para exigir la liquidación de su jubilación y estímulos pendientes, señalando que cerca de 80 empleados jubilados seguían esperando pagos desde 2022, y que incluso algunos habían fallecido sin recibir lo que les correspondía legalmente. Además de este rezago, los retirados también han protestado por la falta de aplicación de aumentos salariales retroactivos en sus pensiones, como el incremento autorizado en 2024, del cual aseguran no haber visto reflejo en sus pagos, lo que ha añadido presión sobre las autoridades judiciales para dar claridad y cumplimiento a estas prestaciones.

 Expertos en administración judicial señalan que problemas similares de retrasos en pagos y prestaciones han afectado a otras instancias del sistema de justicia en México, donde cambios estructurales y ajustes presupuestales han generado dificultades para cubrir obligaciones laborales completas, aunque no necesariamente bajo el mismo contexto local. Mientras tanto, jubilados del Poder Judicial han enfrentado este rezago con manifestaciones públicas, demandando soluciones urgentes a sus demandas históricas por pagos de liquidaciones, bonos y estímulos que consideran atrasados, lo que ha generado tensiones con la administración del tribunal y llamado la atención de sectores sociales y gremiales en el estado. En ese contexto, la presidenta del PJE insistió en que, aunque las jubilaciones son una responsabilidad del órgano administrativo, es un tema que requiere coordinación, recursos y diálogo con todas las partes involucradas, y que será prioridad al inicio del nuevo periodo a principios de 2026. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H