San Luis Potosí, SLP. —Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una tarjeta informativa el pasado 11 de julio con la finalidad de matizar la polémica entrega de oficios dirigidos a diversos ayuntamientos de la Huasteca Potosina. Sin embargo, para Rogel del Rosal, experto en temas de fracking y asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Inmediatas en la zona Huasteca, la paraestatal "estuvo midiendo el agua a los camotes" para evaluar la reacción social ante la posible reactivación de yacimientos no convencionales.

 Del Rosal advirtió que las solicitudes para el uso y resguardo de materiales explosivos con fines de exploración generaron un ruido innecesario, justo en medio del debate nacional por la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking) en el país.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por Pemex, los oficios enviados a alcaldes potosinos tenían como único propósito "conservar la vigencia del permiso federal para mantener una autorización de materiales explosivos" en campos previamente registrados por las autoridades y mapear el subsuelo con estudios de adquisición sísmica.

La empresa pública justificó que dichos trámites aplican para pozos abiertos.

A pesar de que el comunicado oficial de Pemex aclaró que actualmente en ningún municipio de San Luis Potosí se realizan trabajos de exploración o explotación mediante fracking, Rogel del Rosal cuestionó la lógica de la paraestatal. Señaló que los oficios no solo llegaron a los polígonos petroleros tradicionales de Ébano o San Antonio, sino que también se distribuyeron en demarcaciones como Tampamolón y Matlapa, donde no existe la misma situación, sugiriendo que la intención original era abarcar a los 17 municipios que comprenden el plan estratégico de la Huasteca.

"No hay lógica. Ciertamente ahorita todavía no están los trabajos de fracking propiamente, ¿no? Pero sí se están creando las condiciones para ello (...). Para nosotros es que simplemente se corrobora que se pretende realizar posteriormente el fracking y se está midiendo a ver cómo reacciona también la población", reviró el especialista.

El activista remarcó que, bajo una analogía militar, Pemex intentó crear una "avanzada" burocrática que terminó por fracasar debido al rechazo unánime y contundente de la población y de las administraciones municipales de la Huasteca.

Recordó además que la intromisión de la paraestatal violó las normativas vigentes en materia de derechos de los pueblos originarios:

"Eso debía de haber implicado una consulta previa, libre e informada toda vez de que los sitios se ubican en comunidades indígenas. No podría haber llegado Pemex nomás así a solicitar el permiso del Ayuntamiento cuando hay derechos que se tienen que respetar", sentenció Del Rosal.

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