Las organizaciones Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces presentaron un documento para que sean considerado en el debate sobre la reforma en materia de derechos de las audiencias, al advertir que la propuesta podría abrir la puerta a sanciones que afecten la libertad de expresión y generen autocensura en los medios de comunicación, señaló el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces. Para Así las Cosas, explicó que una de las principales preocupaciones se concentra en el artículo 12 de la iniciativa, el cual permitiría sancionar información considerada falsa o descontextualizada. Ante ello, afirmó que, aunque el planteamiento busca fortalecer los derechos de las audiencias, al revisar el contenido surgen riesgos por el margen de interpretación que tendría la autoridad para determinar si una noticia fue presentada con el contexto adecuado o si se ajusta a la verdad. En este sentido, De la Garza cuestionó que sea el propio gobierno quien pueda evaluar editorialmente el trabajo periodístico y determinar qué información cumple con esos criterios, pues la iniciativa contempla sanciones de hasta 1 por ciento de los ingresos totales del medio por cada evento considerado como una infracción. Como ejemplo, mencionó que si un periodista difundiera cinco noticias que posteriormente fueran calificadas como descontextualizadas, el medio podría enfrentar cinco sanciones distintas, una situación que, dijo, terminaría por incentivar la autocensura y pondría en riesgo la viabilidad económica de los medios. Asimismo, subrayó que la propuesta obligaría prácticamente a segmentar el contenido, diferenciando constantemente cuándo se trata de una noticia, una opinión o un contexto específico, una dinámica que, sostuvo, no corresponde al funcionamiento de los medios de comunicación en otras partes del mundo. Frente a ello, las organizaciones propusieron sustituir buena parte del esquema sancionador por un modelo de autorregulación mediante la creación de un Colegio de Defensorías de Audiencias, integrado por concesionarios, especialistas independientes y defensores designados por cada medio. De acuerdo con Mario de la Garza, esta figura permitiría atender las quejas de las audiencias desde una lógica deliberativa y de acompañamiento, en lugar de que sea el gobierno quien determine qué información puede difundirse. Finalmente, el abogado señaló que existen dos escenarios posibles: que el Congreso incorpore las observaciones contenidas en el documento presentado por las organizaciones y modifique los lineamientos para fortalecer la libertad de expresión, o bien que, si la iniciativa permanece sin cambios, se promuevan demandas de amparo para impugnar las disposiciones que consideran contrarias a ese derecho.