La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidió al gobierno federal suspender el registro de líneas telefónicas que obliga a los usuarios a vincular su número telefónico con su CURP, con el objetivo de salvaguardar los datos de los ciudadanos.

Luego de que el 10 de enero, un día después de que arrancó el registro, se expuso la vulnerabilidad de la plataforma de la empresa Telcel que, de acuerdo con especialistas, permitió la filtración de datos de los usuarios, la empresa anunció medidas de seguridad adicionales, aunque especialistas advierten que el riesgo persiste para usuarios de otras compañías que también tienen que cumplir con la obligación.

En entrevista con El Financiero, José Flores, vocero de R3D, explicó que las empresas tuvieron apenas 30 días para desarrollar sistemas para el alta y la baja de las líneas telefónicas, e incluso el lunes solicitaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones detener la implementación de la obligación que surgió con la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pretende reducir las extorsiones telefónicas, sin que tuviera éxito su petición.

Flores dijo que el registro debe ser aplazado hasta que se cuente con las condiciones de ciberseguridad, e incluso analizar su suspensión definitiva, pues alertó que es inconstitucional porque permite al gobierno acceder a datos personales sin una orden judicial o, al menos, una causa penal abierta.

“Creo que vamos a seguir viendo este tipo de problemas. Me parece que es irresponsable por parte de la Comisión reguladora de Telecomunicaciones que no se haya suspendido ya el registro, que es una de las cuestiones que está solicitando la industria, y me parece que debería ser aplazado hasta que se cuenten con estas condiciones mínimas de ciberseguridad para no exponer aún más los datos de la población”.

“La suspensión creo que tiene que avanzar en dos niveles: uno inmediato, para mitigar los riesgos de ciberseguridad, y otro más profundo, que (consiste en pensar) si esta es la medida adecuada o proporcional (para reducir la extorsión)”.

Indicó que el registro obligatorio parte de una falsa premisa: que va a detener la extorsión.

El especialista de esta organización civil explicó que desde 2016 se ha estudiado si existe una correlación entre el registro obligatorio de líneas de prepago y la disminución del delito, y dijo que no se encontró evidencia de que este tipo de medidas ayuden a tal fin.

Por el contrario, las experiencias internacionales muestran que repuntan otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad, la clonación de líneas, el contrabando y el mercado negro de tarjetas improvenientes del extranjero.

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Con información de El Financiero