Personas expertas en derechos humanos de la ONU exhortaron al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a las madres buscadoras de desaparecidos que en territorio nacional padecen altos niveles de violencia que las ha llevado, incluso en casos graves, a ser víctimas del mismo delito o asesinadas.

En un pronunciamiento de la oficina de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Defensoras de Derechos Humanos se reconoce que las buscadoras de personas desaparecidas continúan enfrentando violencia letal en México y con frecuencia son objeto de desaparición forzada.

“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”, se señala en un pronunciamiento.

En el documento se recuerdan los recientes ataques en Sinaloa contra estos familiares que ponen en relieve los riesgos a los que se enfrentan en la búsqueda de su ser querido desaparecido.

Así, en un lapso de 72 horas, el 29 de agosto de este mismo año se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de los derechos humanos y activista en favor de las personas desaparecidas. Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida ese mismo día junto con su hija y dos menores.

El 1 de septiembre, miembros del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

El colectivo ha sido objeto de ataques en repetidas ocasiones: en 2026, su miembro Rubí Gómez-Tagle fue asesinada, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025.

“Esta violencia ocurre en un contexto de impunidad casi total, lo que contribuye a generar un entorno que favorece la actuación de los perpetradores.

“La labor de estas mujeres constituye una extensión fundamental de sus derechos a la verdad y a la justicia y a la reparación. Si bien es de primordial importancia garantizar su participación en condición de seguridad en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y en las investigaciones, cabe recordar que se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, señalaron las personas expertas.

Este fenómeno constituye un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, advirtieron las personas expertas.

Refieren que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección específica respecto de las personas defensoras de derechos humanos.

En el caso específico de nuestro país, la Corte ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas se encuentran en aumento.

“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. El Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esta violencia”.

El equipo de expertos de la ONU en derechos humanos, conformado por Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de las personas en derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias; Grażyna Baranowska (Presidenta-Relatora), Gabriella Citroni, Aua Baldé, Mohammed Al-Obaidi, del grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias, así como Claudia Flores, Ivana Krstić, Dorothy Estrada-Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi, reconoció que, pese a este preocupante contexto, existe satisfacción por la reciente aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que designa el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

“Expresamos nuestro más profundo reconocimiento a la decisión de la comunidad internacional por reconocer formalmente la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Las personas expertas instaron a México a reconocer públicamente la importancia de la labor que realizan las mujeres defensoras de derechos humanos que luchan contra las desapariciones y a garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de las personas defensoras de derechos humanos.

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Con información de Excélsior