​La culminación del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera ha desatado una crisis en familias potosinas. Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), denunció un incremento en casos de extorsión y decomisos arbitrarios por parte de diversas corporaciones de seguridad. ​Propietarios "a merced" de las autoridades ​Según la dirigente, el fin de la vigencia del decreto al cierre del año pasado ha dejado a los dueños de estas unidades en una situación de vulnerabilidad. Gómez Suárez señaló directamente a elementos de corporaciones municipales, estatales y de la ​Guardia Nacional.

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"Ya hemos recibido decenas de quejas. No solo se trata de los montos económicos que les exigen, sino del decomiso de unidades que son, en esencia, la herramienta de trabajo de muchas familias", subrayó la representante.

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​Se estima que en San Luis Potosí existen cerca de 40 mil vehículos que no lograron completar el proceso de regularización. Ante este panorama, la CTLP recordó que las policías locales no tienen competencia legal para estas acciones:

​"Únicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con las facultades legales para sancionar o decomisar vehículos de procedencia extranjera", aclaró Gómez Suárez.

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​Ante la falta de respuesta y los constantes abusos, la asociación hizo un llamado al gobernador del Estado para intervenir y frenar las prácticas ilícitas de los cuerpos policiales. Como medida de presión, se ha convocado a una protesta masiva el próximo 5 de febrero a las 9:00 AM en la Plaza de Toros para acudir a las instalaciones de la Guardia Nacional (Carretera 57).

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