El flamante gabinete encabezado por la primera ministra de Perú, Denisse Miralles, inicia su gestión en medio de una intensa controversia.

Al menos cinco ministros, incluida la propia jefa del Consejo de Ministros, afrontan investigaciones fiscales por presuntas irregularidades que abarcan delitos ambientales, administrativos y de corrupción.

Este escenario complica el principal desafío inmediato del Ejecutivo: obtener el voto de confianza del Congreso.

La polémica se activó desde el primer día. El economista Hernando de Soto fue anunciado inicialmente como presidente del Consejo de Ministros, pero apenas 48 horas después quedó fuera del cargo por desacuerdos con el mandatario José Bálcazar, quien se convierte en el octavo jefe de Estado del país en la última década.

El abrupto cambio evidenció tensiones internas y dejó al nuevo equipo bajo escrutinio antes incluso de asumir formalmente.

Investigaciones en carteras clave

Entre los casos más delicados figura el del ministro del Interior, Hugo Begazo, investigado por la presunta falsificación de un documento público.

Según las acusaciones, habría firmado una declaración jurada relacionada con el saneamiento administrativo de una comisaría en el distrito limeño de Santa Anita cuando ejercía funciones policiales. La Fiscalía analiza si existió manipulación de información oficial.

El titular de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula tres investigaciones activas, entre ellas una por colusión agravada y dos por aprovechamiento indebido del cargo.

Aunque varias denuncias anteriores fueron archivadas, también afrontó procesos disciplinarios por supuestas infracciones al código de ética en la administración pública, lo que alimenta críticas sobre su idoneidad para el puesto.

En el Ministerio de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate concentra el mayor número de expedientes abiertos: hasta seis procesos por presuntos delitos como usurpación de funciones, lavado de dinero y uso indebido del cargo. La magnitud de estas investigaciones lo convierte en uno de los miembros más cuestionados del gabinete.

Acusaciones vinculadas a las protestas de 2022 y 2023

La ministra de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, enfrenta una indagación por omisión de funciones y otra por un presunto delito de genocidio. 

Las pesquisas están relacionadas con su etapa como ministra de Desarrollo Agrario durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, en el contexto de la represión de protestas sociales entre 2022 y 2023, que dejaron más de medio centenar de fallecidos. Aunque no existen sentencias firmes, la gravedad de los señalamientos ha intensificado el debate público.

En el caso del ministro de Educación, Erfurt Castillo, pesa una denuncia por supuesta agresión sexual presentada en 2013, que fue archivada. El titular de Economía, Gerardo López Gonzáles, aseguró no tener causas vigentes, aunque reconoció que ha sido objeto de indagaciones por presuntos delitos fiscales, de las cuales, afirmó, conoce los detalles y su estado procesal.

Denuncias archivadas y antecedentes previos

Otros miembros del gabinete también registran antecedentes judiciales que fueron cerrados sin sanción. El ministro de Salud, Luis Napoléon Quiroz, estuvo vinculado a un caso de sobornos; la ministra de Cultura, Fátima Altabas, y el titular de Producción, César Quispe Luján, quien llegó a acumular hasta diez investigaciones, también figuran en registros de denuncias archivadas.

La propia Denisse Miralles no escapa al escrutinio. Además de la investigación actual por presuntos delitos ambientales durante su gestión al frente de una agencia de promoción de inversiones, en el pasado fue indagada por lavado de dinero y otros supuestos actos de corrupción.

Un Congreso dividido ante el voto de confianza

El nuevo Ejecutivo deberá presentarse ante el Parlamento para solicitar el respaldo formal que le permita gobernar.

Varias bancadas ya anticiparon que votarán en contra, argumentando que la salida de De Soto responde a un nuevo “reparto mafioso” del poder. En un país marcado por la inestabilidad política y la fragmentación legislativa, el futuro del gabinete dependerá de una negociación compleja en un Congreso profundamente dividido.

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Con información de Excélsior