El presidente López Obrador ve ataques donde no los hay. No es la primera vez, pero conforme avanza el calendario electoral, la mecha se acorta. La más mínima crítica se convierte en afrenta; el más leve reclamo se vuelve un ataque. Ocurrió hace un par de días cuando ante la innegable crisis por desabasto de agua en el Valle de México acusó “politiquería”, como si negar el problema lo desapareciera. Ahora, ante la inocultable crisis de inseguridad en las carreteras y las protestas de transportistas que exigen alto a los robos y extorsiones, acusa una campaña en su contra. “Sostengo que tienen un propósito politiquero (las protestas), es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido (…) no podemos dejarnos chantajear", dijo ayer en su mañanera frente al paro de miles de transportistas que en muy distintos puntos del país se manifestaron para pedir alto a la violencia. Ante un legítimo reclamo por seguridad, él ve un golpe electoral. Donde hay una justa demanda por detener robos y extorsiones, él observa “politiquería”. “Tiene un propósito politiquero, ni siquiera político”, dijo. “Ya no es como antes y no nos van a chantajear”, añadió. La violencia es inocultable. No es un invento ni de los “conservadores”, ni de los choferes de transporte público. Los videos de asaltos y robos, y de asesinatos de conductores mientras manejan, están a la vista de quien los quiera ver. No es un invento ni un complot. Minimizar los reclamos es pretender esquivar la terca realidad. Por el estilo, lejos de la realidad, anda la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde, para quien, parece, la violencia e inseguridad en las carreteras son sólo un cuento, o un invento. “Se han realizado 120 reuniones” con transportistas, dijo Alcalde ayer en la mañanera, como si gestionar encuentros resolviera algo. El líder nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, asegura que la secretaria no ha estado en una sola reunión. Y aunque hubiera estado, ¿120 reuniones han servido para reducir la inseguridad en las carreteras?  Los transportistas están hartos, y con justa razón. Hartos de los robos y asaltos, de jugarse la vida en cada viaje. Hartos de que asesinen a sus compañeros. Las carreteras del país son un peligro, una trampa para quienes se atreven a viajar por ellas. ¿Quién pone orden? Lavarse las manos no es suficiente. Evadir la responsabilidad no alcanza. Lanzar culpas y acusar “politiquería” nada resuelve. ¿Quién manda en las carreteras de México? El gobierno, no. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN